La Procuraduría General de la Nación solicitó investigar disciplinariamente a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por posibles responsabilidades en las irregularidades detectadas en las EPS Mutual Ser, Emssanar y Proteger. Entre los nombres mencionados aparece el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con antiguos superintendentes de Salud e interventores.
Los casos hacen parte de tres informes elaborados por el equipo de la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, y conocidos por El Tiempo. Los documentos advierten sobre dificultades en la prestación de servicios, aumento de quejas y tutelas y, en algunos casos, problemas financieros.
Los informes cuestionan que, pese a las medidas de seguimiento y los espacios de coordinación entre entidades, persistan problemas que afectan directamente a los usuarios.
“Los hallazgos identificados permiten concluir que, pese a los espacios de articulación institucional, requerimientos preventivos y acciones de seguimiento adelantadas, los objetivos que motivaron la creación de la Mesa de Seguimiento no se han materializado en los niveles esperados”, señala el documento citado por ese medio.
El Ministerio Público también llamó la atención sobre pacientes que, aun contando con órdenes médicas o decisiones judiciales a su favor, continúan enfrentando obstáculos para recibir atención.
“Más grave resulta que continúen presentándose casos en los cuales, pese a existir órdenes médicas, fallos de tutela, incidentes de desacato y múltiples actuaciones administrativas, no se evidencia una solución material y efectiva de las necesidades en salud de los usuarios”, señala el informe.
Estos expedientes se suman al seguimiento de la Procuraduría sobre las EPS, incluido el caso de la Nueva EPS, intervenida en abril de 2024 durante el gobierno Petro y que continúa bajo esa medida.
Mutual Ser: aumentan las quejas y las tutelas
En Mutual Ser, uno de los principales hallazgos está relacionado con el crecimiento de las reclamaciones de los usuarios. Las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 18.154 en 2023 a 61.031 en 2025, según el informe. Durante este último año, el promedio mensual fue de 5.086 PQR.
Los problemas de acceso a servicios médicos y las dificultades en la atención estuvieron entre las principales inconformidades. Además, en 2025 se contabilizaron 12.054 tutelas, principalmente en Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico.
En materia financiera, Mutual Ser cerró 2025 con cuentas por pagar con una antigüedad superior a 360 días por $109.589 millones.
En el expediente aparecen relacionados el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo; el gerente de Mutual Ser, Galo de Jesús Viana; y los exsuperintendentes Daniel Quintero, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Bernardo Camacho.
Emssanar mantiene dificultades pese a intervención
Emssanar, con presencia en Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo, permanece intervenida desde el 31 de mayo de 2022, cuando la medida fue adoptada durante el gobierno de Iván Duque.
De acuerdo con la Procuraduría, la EPS continúa presentando dificultades en la atención y en su situación financiera. Entre enero y abril de 2026 acumuló 18.108 quejas y reclamos y 4.337 tutelas, principalmente relacionadas con la prestación de servicios y las autorizaciones.
“Durante el período analizado, los indicadores de endeudamiento de EPS Emssanar reflejan una estructura financiera atípica y de alto riesgo caracterizada por niveles de apalancamiento negativos y una elevada concentración de pasivos en proveedores”, sostiene el informe.
¿Qué halló la Procuraduría en Proteger?
El tercer expediente corresponde a Proteger, anteriormente conocida como Cajacopi. Allí se identificaron dificultades asociadas principalmente con la entrega de medicamentos y los procesos de afiliación.
Aunque la EPS responde las tutelas dentro de los plazos establecidos y presenta impugnaciones, la Procuraduría considera que esa respuesta formal no necesariamente representa una solución efectiva para los pacientes.
“La EPS contesta tutelas dentro de los términos y presenta impugnaciones, pero esta respuesta formal no se traduce en una reducción del volumen de tutelas ni en un mejor cumplimiento de fallo”, advierte el documento.
En contraste, el informe registra una evolución positiva en el comportamiento financiero de la entidad: el tiempo promedio para recuperar las cuentas por cobrar pasó de 886 días en 2022 a cerca de 76 días desde 2023.
¿Los exfuncionarios ya fueron sancionados?
La inclusión de los nombres en los informes no significa que exista una sanción ni que se haya determinado responsabilidad disciplinaria. Los hallazgos fueron remitidos a funcionarios de la Procuraduría con competencia disciplinaria, quienes deberán evaluar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales.
Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de evaluación de los posibles hechos y responsabilidades señalados en los documentos.