El Ministerio de Justicia tiene listo un borrador de decreto que modificaría nuevamente las reglas para el reparto de acciones de tutela contra el Presidente de la República. La propuesta establece que los procesos relacionados con actuaciones u omisiones del jefe de Estado, cuando ocurran en ejercicio de sus funciones, sean asignados en primera instancia al Consejo de Estado.
El proyecto plantea así un nuevo cambio frente a las reglas vigentes desde 2025, cuando el Gobierno de Gustavo Petro eliminó la disposición que asignaba al alto tribunal el reparto inicial de estas acciones y estableció que fueran conocidas por jueces del circuito o de igual categoría.
Consejo de Estado asumiría tutelas contra el presidente
La propuesta del Ministerio de Justicia mantiene la regla general establecida en el Decreto 1069 de 2015, según la cual las tutelas contra autoridades y entidades públicas del orden nacional son repartidas a los jueces del circuito o de igual categoría.
Sin embargo, el nuevo decreto establecería una excepción específica para las actuaciones u omisiones del Presidente de la República relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
De esta manera, una tutela presentada contra una decisión o actuación del jefe de Estado no sería repartida inicialmente a un juez de circuito, sino al Consejo de Estado, que asumiría su conocimiento en primera instancia.
¿Qué pasará con las tutelas que ya fueron presentadas?
El Ministerio de Justicia precisó que la nueva disposición solo se aplicaría a las acciones de tutela presentadas después de la entrada en vigor del decreto.
Por lo tanto, las tutelas radicadas antes de que entre a regir la nueva norma continuarán su trámite sin ser reasignadas.
¿Qué cambió durante el Gobierno Petro?
La propuesta modifica nuevamente una regla que había sido reformada durante el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 799 de julio de 2025.
Con esa norma se eliminó la disposición que establecía que las tutelas contra actuaciones presidenciales fueran repartidas al Consejo de Estado y se determinó que estos procesos fueran tramitados inicialmente por los jueces del circuito o de igual categoría.
En ese momento, el Ejecutivo argumentó que el Presidente, como autoridad del orden nacional, debía estar sometido a los mismos criterios de reparto aplicables a las demás autoridades nacionales.
El Gobierno también sostuvo que la modificación buscaba fortalecer la desconcentración de la administración de justicia y evitar que el Consejo de Estado conociera una tutela contra una actuación presidencial y posteriormente pudiera intervenir en procesos relacionados con el control de legalidad de esos mismos actos.
Reforma generó conflictos de reparto
La aplicación del Decreto 799 también generó conflictos relacionados con el reparto de algunas acciones de tutela.
Durante 2025 y 2026, la Corte Constitucional registró casos en los que tutelas que inicialmente habían sido remitidas al Consejo de Estado terminaron siendo enviadas a juzgados del circuito, debido a la entrada en vigencia de la reforma.
Con el nuevo borrador, el Ministerio de Justicia busca establecer nuevamente una regla específica para las tutelas relacionadas con las actuaciones u omisiones del Presidente de la República, aunque su aplicación quedaría limitada a los procesos que sean presentados después de la entrada en vigor del decreto.