La denominada ‘paz total’ llegó formalmente a su fin este 11 de septiembre, luego de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella publicara las resoluciones que cierran los espacios sociojurídicos establecidos con estructuras criminales de Buenaventura y Quibdó. Con estas decisiones quedaron clausurados los últimos procesos heredados de la administración de Gustavo Petro.
El presidente confirmó la terminación de los diálogos a través de un mensaje publicado en X. “Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra”, afirmó el mandatario, quien aseguró que fueron finalizados los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos que venían del gobierno anterior.
La clausura no se limita a los escenarios de conversación en esas dos ciudades. Durante su primer mes de mandato, De La Espriella expidió los actos administrativos destinados a cerrar los diferentes procesos que permanecían activos con organizaciones armadas.
Entre ellos están las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. También quedaron incluidos los procesos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lea: “Prostitutas o borrachos”: La fuerte descarga del ministro de Vivienda en moción de censura
¿Qué grupos y espacios quedaron fuera de la política de paz?
Las decisiones también ponen término a los espacios sociojurídicos establecidos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con organizaciones criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, además de las estructuras de Quibdó y Buenaventura. A esto se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
La Presidencia justificó el cierre de estos escenarios bajo el argumento de que el Estado no conservará mecanismos institucionales que puedan ser utilizados para extender actividades delictivas. “Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia”, señaló el Gobierno en un comunicado.
En el mismo pronunciamiento, la Presidencia advirtió que las organizaciones que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentadas mediante las capacidades legales y legítimas de la Fuerza Pública.
El cierre de los procesos se produce después de una política de negociación impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro con distintos grupos armados y estructuras de crimen organizado. Los actos administrativos expedidos durante el primer mes de la actual administración formalizaron progresivamente la terminación de esos escenarios.
De acuerdo con un informe al que tuvo acceso El Tiempo, los procesos de negociación de paz del gobierno de Petro tuvieron un costo de 125.174 millones de pesos. De ese monto, $107.572.982.241,84 correspondieron a negociaciones con grupos armados al margen de la ley.
El citado medio indicó que, otros $17.601.847.219,90 fueron destinados a los acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, denominadas bandas urbanas. Con las resoluciones publicadas este 11 de septiembre, el Gobierno formalizó el cierre de los espacios sociojurídicos y procesos de diálogo que había heredado de la administración anterior.