El Gobierno de Abelardo De La Espriella abrió la puerta a una renovación de la Comisión Asesora de Política Criminal. El Ministerio de Justicia solicitó la renuncia protocolaria de los integrantes de este organismo consultivo, encargado de entregar recomendaciones técnicas sobre asuntos penales y penitenciarios.
La solicitud fue conocida por Semana y Blu Radio y está dirigida a los ocho integrantes de la comisión. La comunicación fue remitida por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria y se fundamenta en las facultades de nominación que tiene el ministro de Justicia sobre este organismo, de acuerdo con el Decreto 2055 de 2014.
La Comisión Asesora de Política Criminal es un organismo consultivo e independiente que brinda soporte técnico, científico y empírico al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal. Sus integrantes son designados por el jefe de esta cartera y cumplen funciones relacionadas con el análisis de políticas en materia penal y penitenciaria.
La comisión ha estado integrada por académicos, abogados y defensores de derechos humanos. Entre sus actuales miembros aparecen Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte.
¿Quiénes seguirán en la Comisión de Política Criminal?
La solicitud de renuncia protocolaria no implica que todos los integrantes deban salir inmediatamente. El ministro de Justicia, Iván Cancino, deberá definir quiénes continuarán y quiénes serán reemplazados.
La decisión adquiere relevancia por los cambios que la nueva administración impulsa en materia de seguridad, justicia y sometimiento de organizaciones criminales. Recientemente, el Ministerio formalizó su política para quienes decidan someterse a la justicia.
“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, señaló la cartera.
El Ministerio agregó: “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
