A menos de siete meses de la fecha establecida para la entrada en vigencia de la reforma pensional, Colpensiones le pidió a la Corte Constitucional ampliar ese plazo. La entidad busca que la aplicación de la Ley 2381 de 2024 se extienda hasta abril de 2028, un año más de lo previsto en el fallo del alto tribunal.
La solicitud fue enviada a las 3:40 de la tarde de este martes 22 de septiembre a los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional y está firmada por el representante legal de Colpensiones, Diego Alejandro Urrego.
El asunto de la carta es: “Solicitud excepcional de modulación de los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026 respecto de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024”.
¿Por qué Colpensiones pide aplazar la entrada en vigencia de la reforma pensional?
De acuerdo con el documento, Colpensiones considera que ampliar el plazo permitiría preparar de manera adecuada la implementación del nuevo esquema y reducir los riesgos asociados a una transición acelerada.
La entidad sostiene que la medida “permitiría salvaguardar principios esenciales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad del sistema de seguridad social, evitando que una eventual declaratoria de inexequibilidad inmediata genere vacíos normativos o traumatismos operativos que terminen por incidir en las expectativas legítimas y el mínimo vital de los afiliados”.
Según Urrego, “la modulación se erige así, no como una excepción al control de constitucionalidad, sino como una manifestación del juicio prudencial del alto tribunal, asegurando que los ajustes institucionales y legislativos se adelanten de manera ordenada y sin comprometer el bienestar material de los ciudadanos en situación de vejez o vulnerabilidad”.
En ese sentido, Colpensiones plantea que requiere más tiempo para adaptar sus procesos a las disposiciones de la reforma.
Dificultades que enfrentaría Colpensiones para implementar la reforma
La entidad señala que la reforma supone una transformación de gran alcance para el sistema pensional colombiano y que su puesta en marcha requiere cambios técnicos, administrativos, financieros y tecnológicos.
“Introduce un cambio estructural sin precedentes en el sistema de seguridad social colombiano, cuya implementación exige un despliegue técnico, administrativo, financiero y tecnológico de una magnitud monumental”.
Uno de los principales retos será articular los pilares solidario, semicontributivo, de prima media y contributivo de capitalización. Según Colpensiones, esta tarea involucra no solo a la entidad, sino también a las administradoras de fondos de pensiones privadas, entidades públicas de recaudo, oficinas de talento humano, redes financieras y órganos de control.
El proceso también contempla integración de bases de datos, homologación de historias laborales y traslado masivo de afiliados. Por ello, Colpensiones advierte que “cuando la capacidad institucional y operativa de los agentes encargados de ejecutar una política pública de esta envergadura se ve superada por los plazos, se abre la puerta a la configuración de un estado de cosas inconstitucional”.
Impacto de la implementación de la reforma pensional
Colpensiones califica el proceso como “el desafío operativo es titánico”, debido a la cantidad de afiliados y procedimientos que tendría que asumir.
Entre las tareas mencionadas están recibir a los cotizantes provenientes del pilar contributivo hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, gestionar el componente de ahorro individual administrado y coordinar el funcionamiento de los nuevos pilares complementarios.
La entidad sostiene que su solicitud busca proteger a los pensionados actuales y futuros frente a eventuales dificultades durante la transición. Según argumenta en la carta, una sobrecarga institucional podría afectar la garantía efectiva de sus derechos fundamentales: “La afectación se extiende simétricamente a los demás actores del sistema”.
