La situación de miles de familias afectadas por los incendios forestales en el Tolima sigue generando preocupación. La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional agilizar la entrega de los apoyos anunciados para las comunidades damnificadas.
Según el organismo, las emergencias registradas desde el 1 de agosto han dejado afectaciones en más de 60.000 hectáreas. Entre las zonas perjudicadas hay cultivos de limón, aguacate y mango, además de áreas destinadas al pastoreo y terrenos boscosos.
La magnitud de las pérdidas también alcanza al sector agropecuario. La Defensoría reportó daños superiores a 75.000 toneladas de alimentos y 290.000 toneladas de pasturas.
Los incendios han impactado a más de 5.500 productores ubicados en 1.182 veredas de 25 municipios del departamento. A esto se suman daños en ecosistemas, fuentes de agua, fauna y flora. Lea: Incendios en Villa de Leyva: MinInterior entrega nuevo balance
La entidad advirtió que las consecuencias de estas emergencias van más allá del deterioro ambiental. “Los incendios forestales no representan únicamente una afectación ambiental. Su prolongación compromete derechos fundamentales y colectivos, entre ellos la vida, la integridad personal, la salud, el ambiente sano, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas”.
En las visitas realizadas a las zonas afectadas, también se identificaron dificultades relacionadas con el suministro de agua potable, la recuperación de acueductos rurales, el funcionamiento de los organismos de socorro y la atención de viviendas afectadas.
Defensoría alerta por ayudas para damnificados del Tolima
Uno de los principales llamados está relacionado con los alivios económicos y ayudas anunciadas para los productores. De acuerdo con la Defensoría, habitantes de las zonas afectadas han reportado inconvenientes durante los trámites para acceder a estos beneficios.
Algunas personas, según el organismo, han iniciado procesos bancarios sin tener certeza de que finalmente recibirán los recursos. También se han presentado dificultades asociadas al agotamiento de fondos destinados a estos apoyos y a la falta de establecimientos habilitados para adquirir determinados insumos.
La situación genera además incertidumbre entre los campesinos que necesitan volver a cultivar. La Defensoría señaló que varias comunidades temen asumir nuevas deudas para sembrar productos que podrían perderse por la escasez de agua.
A esto se suma la falta de acompañamiento técnico para quienes consideran cultivar alimentos de producción rápida y necesitan establecer cuáles son las alternativas más adecuadas frente a las actuales condiciones ambientales.
Ante este panorama, la Defensoría solicitó al Gobierno nacional que las ayudas sean entregadas de forma inmediata, suficiente y accesible. El objetivo, según explicó, es respaldar a las familias campesinas y evitar que pierdan sus medios de subsistencia o tengan que abandonar las zonas rurales.
El organismo también pidió acelerar las intervenciones en las viviendas afectadas tanto por los incendios como por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.
Sobre este punto, la Defensoría aseguró que los avances han sido limitados y señaló: “Se han identificado muy pocos avances y, a la fecha, ninguna de las viviendas afectadas por el terremoto o por los incendios ha sido reparada o reconstruida”.
