La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, deberá responder en un plazo de 48 horas a las solicitudes de información sobre los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terrremoto del 10 de agosto, por orden de dos juzgados de Bogotá y Barranquilla que admitieron acciones de tutelas relacionadas con el caso.
El Juzgado 38 de Familia en Bogotá admitió la tutela que presentó el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocamapo, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Hacienda, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y su representante legal, Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación.
El 24 de agosto, el congresista radicó un derecho de petición para obtener información con relación a los recursos económicos recaudados por la fundación durante la emergencia causada por el terremoto.
De acuerdo con Ocampo, su petición buscaba determinar cuánto dinero ingresó, cuál ha sido su destinación y qué mecanismos de control existen sobre esos recursos.
La justicia le dio la razón a la ciudadanía: no es normal que, casi un mes después de radicada una solicitud tan sencilla, el Gobierno no haya dicho una sola palabra sobre cuánto dinero recaudó la fundación de la primera dama, en qué se gastó y quién lo audita.
Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado
Por otro lado, el Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en Barranquilla admitió la tutela presentada por Steven Liévano.
En el auto, conocido el 23 de septiembre, el despacho ordenó a la fundación presentar un informe sobre los hechos planteados, también con un plazo de 48 horas para pronunciarse y brindar las pruebas correspondientes.
Liévano explicó que acudió a la tutela luego de presentar un derecho de petición en el que pidió información sobre el dinero recaudado en la campaña de ayudas para los afectados por el terremoto.
Entre la información solicitada por parte de Liévano se encuentran el monto recibido, los gastos efectuados, los bienes adquiridos o entregados y el saldo que permanecería en las cuentas de la organización, debido a que, a su juicio, “debe existir claridad sobre su recaudo y destinación”.
