El Congreso de la República, en articulación con el Gobierno Nacional y los órganos de control del Estado, suscribió el “Gran Acuerdo Institucional por la Transparencia”, una iniciativa que establece compromisos para fortalecer la integridad, la vigilancia ciudadana y el control sobre la gestión pública.
El acuerdo contempla diez compromisos relacionados con el acceso a la información, la prevención de la corrupción, la protección de denunciantes y el seguimiento a los recursos públicos.
Los diez compromisos del acuerdo por la transparencia
Entre las medidas establecidas se encuentra la publicación proactiva de información sobre procesos de contratación, compras públicas y ejecución presupuestal, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a estos datos.
El documento también plantea fortalecer los mecanismos para la detección temprana de hechos de corrupción, así como los canales confidenciales de denuncia y la celeridad de las investigaciones.
Otro de los compromisos está relacionado con la rendición de cuentas basada en resultados, mediante evaluaciones periódicas ante la ciudadanía y el uso de indicadores que permitan verificar la gestión y el uso de los recursos públicos.
Protección a denunciantes y transformación digital
El acuerdo contempla garantías de confidencialidad y protección para ciudadanos y servidores públicos que reporten posibles irregularidades.
También propone avanzar en la transformación digital de las entidades mediante la interoperabilidad y digitalización de los sistemas de información, con el propósito de facilitar las auditorías y el seguimiento de los procesos públicos.
A esto se suma la formación permanente de los funcionarios en ética, prevención de conflictos de interés e integridad en el servicio público.
Participación ciudadana y control de los recursos
Otro de los compromisos busca fortalecer la participación de las veedurías y organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de la contratación pública y de los proyectos de inversión.
El pacto también plantea una mayor articulación entre las diferentes ramas del poder público y los órganos de control para facilitar el intercambio de información y la prevención de posibles hechos ilícitos.
En materia presupuestal, se establece como objetivo garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, de manera que pueda conocerse el recorrido del dinero desde su asignación hasta la ejecución final.
Acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años
Para verificar el cumplimiento de los compromisos se contempla la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento, que deberá reunirse al menos dos veces al año y presentar un informe público anual sobre los avances.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y permanecerá abierto para que otras entidades públicas y organizaciones del país puedan adherirse.
De esta manera, el documento establece una hoja de ruta institucional para fortalecer los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y vigilancia sobre la administración de los recursos públicos.
