El Gobierno de Abelardo De La Espriella confirmó que recurrirá nuevamente a la fumigación como mecanismo para enfrentar los cultivos ilícitos en Colombia. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante una sesión del Congreso de la República.
Cancino sostuvo que la estrategia buscará enfrentar las estructuras criminales asociadas a los cultivos ilícitos, al tiempo que planteó la necesidad de ofrecer alternativas a las familias campesinas que dependen de estas actividades. El funcionario también señaló que quienes participen directamente en el conflicto deberán responder ante los mecanismos legales correspondientes.
¿El Gobierno utilizará glifosato para fumigar cultivos ilícitos?
Durante su intervención, el ministro no descartó la utilización del glifosato dentro de las acciones de fumigación. Cancino afirmó que las operaciones se desarrollarán, según el Gobierno, bajo medidas de protección para la población y el medioambiente.
“Vamos a fumigar protegiendo a la ciudadanía y al medioambiente. Y solo les dejo una última, el glifosato está permitido y autorizado en la comunidad europea hasta el 2033”, manifestó el jefe de la cartera de Justicia.
La posición ya había sido expuesta por Cancino en una entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, donde anticipó que el Ejecutivo avanzaría con la fumigación. En esa oportunidad aseguró: “Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pide que ajustemos algo, lo acataremos”.
El ministro también explicó que el Gobierno contempla distintas modalidades para realizar la erradicación de los cultivos. Entre ellas mencionó la fumigación terrestre manual, el uso de drones y la aspersión aérea, siempre vinculadas, según sus declaraciones, con medidas de protección ambiental y de la población civil.
La estrategia del Gobierno se desarrolla mientras continúa una disputa jurídica relacionada con la aspersión aérea. Un fallo suspendió provisionalmente este tipo de fumigación con glifosato en Putumayo, decisión que posteriormente fue impugnada por el Ejecutivo.
De acuerdo con la explicación entregada por Cancino, el Gobierno considera que la decisión judicial no verificó los criterios establecidos previamente por la Corte Constitucional y sostuvo que el plan piloto todavía no había comenzado en el departamento.
Frente a las diferencias con las decisiones judiciales, el ministro afirmó que el Ejecutivo mantiene el respeto por los jueces y las cortes, pero que también utilizará los recursos legales disponibles para controvertir las decisiones que considere necesario discutir jurídicamente.
“El discurso del presidente ha sido muy claro: respeto por los jueces. Aquí hemos recuperado esa autonomía de los poderes, el respeto y la dignidad por la justicia, por las cortes”, señaló Cancino al referirse a la controversia.
En ese contexto, el ministro reiteró que la administración pretende avanzar con la aspersión mientras asegura que respetará el derecho internacional humanitario, el principio de precaución, la protección ambiental y a la población civil. “Pero la aspersión va”, concluyó Cancino sobre la decisión del Gobierno.
