La crisis en la expedición de pasaportes en Colombia llevó a la Contraloría General de la República a poner bajo vigilancia fiscal los contratos que sean celebrados por la Cancillería durante la emergencia.
El organismo de control anunció que revisará las actuaciones relacionadas con la urgencia manifiesta declarada para garantizar que el servicio de producción, expedición y entrega de estos documentos no se interrumpa.
Entre los aspectos que serán examinados están la justificación de las compras, los valores pactados, los tiempos establecidos y la capacidad de las empresas contratadas. También se verificará el destino de los recursos públicos involucrados. Lea: Gobierno declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia
El contralor general, Jorge Laverde, pidió a la Cancillería y al Fondo Rotatorio entregar los contratos y la documentación relacionada con la disponibilidad presupuestal, los inventarios y el desarrollo de los procesos de contratación.
“Nuestro objetivo es vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente para garantizar la continuidad en la producción, expedición y entrega de estos documentos a los colombianos dentro y fuera del país.”, señaló Laverde.
El funcionario también recordó que recurrir a una declaratoria de urgencia manifiesta no elimina la responsabilidad de las entidades frente a eventuales irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Contratación de emergencia para expedir pasaportes
La revisión de la Contraloría incluirá además la necesidad de que los contratos estén directamente relacionados con las necesidades indispensables para mantener el servicio. El organismo también verificará que las actuaciones respeten las decisiones judiciales.
La entidad de control señaló que analiza la posibilidad de establecer un seguimiento especial mediante su Dirección de Vigilancia Fiscal.
La situación se presenta después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera los convenios con Portugal relacionados con el modelo de pasaporte implementado por el Gobierno de Gustavo Petro.
Ante las dificultades para mantener la operación, la Cancillería recurrió a la urgencia manifiesta. Esta figura permite utilizar mecanismos de contratación directa frente a circunstancias excepcionales, sin adelantar los procedimientos ordinarios de una licitación pública.
No obstante, la Contraloría planteó que la respuesta inmediata debe estar acompañada de una alternativa permanente. Por ello, Laverde pidió a la Cancillería avanzar en la preparación de una licitación pública, con un cronograma y responsables establecidos.
“La Cancillería es responsable de garantizar el servicio y avanzar en una solución permanente desde el control fiscal. Vigilaremos el manejo de los recursos sin sustituir sus decisiones administrativas”, afirmó Laverde.
