Un juez de control de garantías ordenó este viernes la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión está relacionada con una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre 2019 y 2023 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor supera los $17.657 millones.
¿Por qué investigan al hermano de Daniel Quintero?
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos se habrían tramitado sin cumplir los requisitos legales y presuntamente fueron direccionados para favorecer a Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La investigación también identificó posibles irregularidades en la ejecución de los contratos. Entre ellas están sobrecostos en la adquisición de kits durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que no se habrían prestado y recargas de telefonía móvil que tampoco se habrían realizado.
Según el ente acusador, estas actuaciones habrían generado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.
Fiscalía señala una presunta intervención en nombramientos
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Quintero Calle, pese a no ocupar un cargo público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona, como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y de Álvaro Villada García, como subdirector Administrativo y Financiero.
Para el ente acusador, esa intervención habría tenido como propósito asegurar el control sobre la contratación de la entidad.
Posteriormente, según la hipótesis de la Fiscalía, Quintero Calle habría ordenado direccionar los seis contratos en favor de Cadavid Jaramillo y habría exigido el 15 % de los recursos desembolsados.
Otro procesado recibió medida no privativa de la libertad
En la misma audiencia, el juez impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Sebastián de Dios Ortega Urán, señalado por la Fiscalía de recibir dinero en efectivo y posteriormente entregárselo a Quintero Calle.
La fiscal del caso apeló esta decisión, por lo que deberá ser revisada por un superior.
La medida contra Quintero Calle corresponde a una decisión de aseguramiento dentro del proceso y no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Las acusaciones formuladas por la Fiscalía deberán ser debatidas durante las siguientes etapas del proceso judicial.
