La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó a la antesala del segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 con una solicitud concreta al Congreso: conservar la partida de $821.803 millones planteada inicialmente por el Gobierno para la entidad.
La preocupación surgió luego de que el proyecto avanzara en primer debate con una reducción de $170.000 millones. Si esa modificación se mantiene, la JEP dispondría de $651.803 millones durante 2027, una cifra que, según la entidad, representa 16,6 % menos frente a los recursos asignados para este año.
El impacto no se concentraría únicamente en la operación administrativa. La Jurisdicción señaló que buena parte del ajuste recaería sobre la inversión, con $140.000 millones menos, mientras que otros $30.000 millones serían retirados del componente de funcionamiento. Lea: “A los corruptos se les acabó la fiesta”: la fuerte advertencia de De la Espriella
¿Qué servicios de la JEP podrían verse afectados por el menor presupuesto?
Uno de los frentes que la JEP identifica como especialmente expuesto es el trabajo que desarrolla directamente en las regiones. La disminución de la inversión podría dificultar el traslado y realización de audiencias y diligencias judiciales en los lugares donde tuvieron lugar los crímenes, además de afectar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas acreditadas.
En los procesos de la Jurisdicción están reconocidas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, estos últimos vinculados a una población cercana a 634.804 personas. La entidad sostiene que mantener los recursos resulta necesario para garantizar la atención que reciben dentro de los procesos.
Los efectos también alcanzarían a quienes comparecen ante la Jurisdicción. La JEP reportó que actualmente forman parte de sus procesos 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 miembros de la fuerza pública, para quienes se financian mecanismos de defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial.
La seguridad constituye otro de los puntos incluidos en la advertencia. La entidad indicó que la disminución de recursos podría comprometer los esquemas destinados a proteger a víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales. Bajo el escenario presupuestal planteado, los fondos disponibles alcanzarían, en promedio, para cubrir cuatro meses de estas medidas.
El recorte también podría repercutir en las labores de la Unidad de Investigación y Acusación, especialmente en los desplazamientos y actuaciones investigativas en territorio, los procedimientos técnico-forenses y los estudios destinados a determinar riesgos. La JEP igualmente señaló posibles dificultades para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que ya fueron impuestas o que se establezcan próximamente.Lea también: Gobierno De la Espriella pone fin al diálogo con los Pachenca y toma nuevas medidas
Frente a la reducción planteada, la Jurisdicción emprendió una revisión de sus gastos para identificar posibilidades de ahorro. Ese ejercicio permitió disminuir de $125.839 millones a $84.633 millones la diferencia que inicialmente debía cubrir, aunque la entidad señaló que el proceso ha implicado aplicar restricciones importantes a su funcionamiento.
Entre las decisiones adoptadas se encuentran el aumento de las diligencias virtuales, una programación anticipada de las audiencias y modificaciones en la logística de sus actividades. Según la JEP, estas medidas representaron $21.575 millones en ahorros entre 2024 y julio de 2026, en medio de su llamado al Congreso para conservar la asignación presupuestal inicialmente prevista para 2027.
