El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció este jueves 8 de octubre que el nuevo decreto sobre protesta social pasará a firma del presidente, con el propósito de modificar el marco vigente desde 2021 y establecer protocolos más precisos para la intervención de la fuerza pública.
La propuesta busca fortalecer la prevención, la coordinación entre instituciones y la definición de procedimientos de actuación durante las movilizaciones. Sin embargo, el borrador también plantea interrogantes sobre las garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica y los posibles riesgos relacionados con el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
A través de su cuenta de X, Lara defendió la iniciativa y aseguró que la administración avanzó en una reforma que, según sus palabras, muchos consideraban imposible de realizar.
“En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo. Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable”, escribió el funcionario.
¿Qué cambios propone el nuevo decreto de protesta social?
El ministro presentó los principales ejes de la iniciativa mediante tres principios y dos reglas que, según afirmó, orientarán la actuación estatal frente a las manifestaciones.
Entre las modificaciones anunciadas se encuentran la definición de los criterios para identificar una protesta violenta, el establecimiento de causales para determinar cuándo se agota el diálogo y la creación de cinco niveles de reacción para orientar la respuesta de las autoridades.
El documento también contempla la protección prioritaria de las manifestaciones pacíficas y la implementación de corredores solidarios, una medida con la que el Gobierno pretende evitar bloqueos permanentes en carreteras y carriles exclusivos de TransMilenio.
“Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos”, manifestó Lara al explicar el enfoque de la reforma.
El ministro resumió la posición de su cartera con una declaración: “Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”.
En este Gobierno, lo que se dice se hace. En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo. Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable. Tres principios. Tres reformas: — Se define qué es protesta violenta. —El diálogo es la regla. Se establecen causales claras para su agotamiento. — Se fijan cinco niveles de reacción. Dos reglas que no se negocian: — Prima y se protege la protesta pacífica. — Nacen los corredores solidarios: nunca más bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio. Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos. Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia. #FirnesPorLaPatria 🇨🇴 @jrestrp Consulte el texto aquí : https://t.co/BxJqVqVG6q Los invitó a ver este video explicativo. No se dejen meter cuentos de la oposición. Hágase una idea Ud mismo 👇
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026
¿Por qué el Gobierno busca modificar el Decreto 003 de 2021?
El proyecto pretende actualizar el Decreto 003 de 2021, denominado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.
De acuerdo con el borrador, aunque la normativa vigente contempla la intervención de la fuerza pública, no establece de manera suficientemente clara los procedimientos de reacción ni ofrece garantías específicas para la judicialización de las conductas que puedan constituir delitos.
Frente a ese diagnóstico, la nueva propuesta incorpora el principio de “Equilibrio constitucional”, que busca armonizar el derecho a la reunión y la manifestación pública con otras garantías fundamentales, como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y el acceso a los servicios esenciales.
La intención, según lo expuesto por el ministro del Interior, es equilibrar los derechos de quienes participan en las movilizaciones con los de las personas que no lo hacen y que también pueden verse afectadas por sus consecuencias.
¿Qué dudas genera el borrador sobre el derecho a la protesta?
Aunque la iniciativa plantea un enfoque preventivo, de fortalecimiento del diálogo y de protección de los derechos humanos, algunos de sus lineamientos podrían endurecer los protocolos de actuación de la fuerza pública.
El establecimiento de niveles de reacción y criterios para determinar cuándo termina el diálogo busca ofrecer parámetros de intervención. No obstante, el alcance de estas disposiciones genera interrogantes sobre su aplicación práctica y las garantías que tendrían los ciudadanos durante las manifestaciones.
Las preocupaciones también están relacionadas con los posibles riesgos de vulneraciones de derechos humanos cuando los uniformados intervienen en escenarios de protesta o en otros procedimientos policiales.
En ese contexto, cobra relevancia el caso de Donovan Balanta, quien murió el pasado 20 de septiembre durante un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en Bogotá. En ese episodio se identificó una presunta extralimitación de siete uniformados en el uso de la fuerza.
El nuevo decreto, que está pendiente de la firma presidencial según el anuncio del ministro, deberá evaluarse a partir de sus disposiciones definitivas y de las garantías que establezca para la ciudadanía. Su aplicación será determinante para establecer cómo se compatibilizan la protección de la protesta pacífica, la intervención de las autoridades y el respeto por los derechos fundamentales.
