A través de la Directiva Presidencial No. 04, la Presidencia de la República emitió una instrucción a todas las entidades del Gobierno que busca detener los actos de corrupción en la contratación del Estado y asegurar que los pesos pagados correspondan a obras, bienes o servicios entregados.
La medida establece reglas sobre cómo vigilar el dinero público y cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios encargados de esta tarea. Lea también: Escándalo en bomberos: denuncian presunta corrupción por más de $60 mil millones
Las reglas para reforzar el control de la contratación
La primera medida establece que está prohibido pagar sin pruebas y que ninguna entidad estatal podrá autorizar pagos a contratistas sin contar con evidencias reales, claras y verificables de la realización del trabajo. Asimismo, queda completamente prohibido acomodar o alterar los documentos de los expedientes para justificar tareas que no fueron desarrolladas.
La segunda, consiste en la revisión de los contratos vigentes. Es decir, los supervisores de cada entidad deberán revisar en profundidad todos los contratos vigentes desde el 7 de agosto de 2026 y deberán denunciar inmediatamente ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría si encuentran irregularidades, sobrecostos, cobros por servicios no prestados o indicios de delitos.
La tercera regla consiste en auditorías en 10 días, en las que las Oficinas de Control Interno de ministerios y departamentos administrativos cuentan con un plazo de diez días hábiles para presentar un plan de revisión de sus contratos y entregar reportes de seguimiento cada trimestre.
Por último, la medida busca determinar sanciones estrictas a supervisores o funcionarios que no realicen su labor de vigilancia o firmen certificaciones falsas, quienes deberán responder penal, fiscal, patrimonial y disciplinariamente por los daños que causaron al Estado.
