La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas inmediatas para proteger a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), tras los recientes ataques sicariales contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en diferentes regiones de Colombia.
La organización sindical manifestó su preocupación por los homicidios de estos servidores públicos y advirtió que la violencia contra el personal penitenciario representa un riesgo que trasciende el ámbito carcelario y compromete la seguridad del Estado.
El pronunciamiento, suscrito por el presidente nacional de la UTP, Oscar Robayo Rodríguez, reconoció los mensajes de respaldo del presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del INPEC. Sin embargo, insistió en que las declaraciones deben convertirse en acciones de protección que puedan mantenerse y verificarse. Lea: Sicarios atentan contra 2 guardias del Inpec en Barranquilla: esto se sabe
¿Qué medidas de seguridad exige el sindicato del INPEC?
Entre las principales solicitudes, la UTP pidió aumentar los patrullajes de la Policía Nacional en los alrededores de las cárceles y sus vías de acceso, además de reforzar las labores de inteligencia para enfrentar a las estructuras criminales.
También reclamó la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y otros elementos de protección para los guardianes, teniendo en cuenta los niveles de riesgo a los que están expuestos.
En materia laboral, el sindicato planteó la necesidad de establecer protocolos de seguridad y evaluaciones de riesgo que permitan a los funcionarios cumplir sus responsabilidades sin intimidaciones.
Otra de las exigencias está dirigida a la Fiscalía General de la Nación, a la que pidió agilizar las investigaciones para esclarecer los atentados e identificar tanto a los responsables materiales como a quienes los habrían ordenado.
La UTP también propuso convocar una Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria con la participación de los ministerios de Justicia y Defensa, el INPEC, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sindicales. El objetivo sería establecer compromisos concretos y fijar plazos para su cumplimiento.
“La discusión fundamental no puede desviarse de lo verdaderamente urgente: proteger la vida, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de nuestra profesión”, concluyó el sindicato.
Finalmente, la organización rechazó el uso político de la violencia en el sector penitenciario y cuestionó las disputas y los protagonismos entre organizaciones gremiales. Su postura, señaló, debe centrarse en la protección de los trabajadores y en la adopción de garantías efectivas para quienes ejercen funciones de custodia y vigilancia.
