El Gobierno nacional deberá avanzar en una política farmacéutica que permita mejorar el control de los precios de los medicamentos, prevenir problemas de desabastecimiento y reforzar la vigilancia sobre su producción y comercialización. Así lo determinó el Consejo de Estado en una sentencia que busca atender las dificultades identificadas en el sector.
La decisión fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 por la Sección Primera del alto tribunal, al resolver los recursos de apelación presentados por la Procuraduría contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 12 de diciembre de 2024.
Uno de los cambios centrales de la sentencia es que la nueva política no tendrá que expedirse necesariamente mediante un documento CONPES que reemplace o actualice el aprobado en 2012. El Gobierno podrá recurrir a otro instrumento jurídico, siempre que incluya las medidas necesarias, las acciones para atender las problemáticas y las fuentes de financiación. Lea: Policía de Bolívar incautó medicamento para la ansiedad que era transportado ilegalmente
El objetivo es establecer una respuesta integral frente a las dificultades que afectan el acceso a los medicamentos y el uso de los recursos públicos destinados al sistema de salud.
Qué medidas deberá contemplar la nueva política farmacéutica
Entre los puntos que deberán evaluarse están las estrategias para reducir los costos de adquisición de medicamentos, impulsar el uso de genéricos y fortalecer las compras públicas. También se deberán estudiar mejoras en los sistemas de información y mecanismos electrónicos para controlar la facturación.
La política deberá incluir acciones frente a las deficiencias en la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos, las dificultades para garantizar el abastecimiento y las fallas de supervisión en las distintas etapas de la cadena farmacéutica.
El fallo también mantiene las instrucciones para que el Ministerio de Salud y el Invima continúen ejecutando el Plan de Respuesta Urgente ante la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá adelantar las actuaciones de control correspondientes, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud tendrá que tramitar procesos administrativos cuando encuentre desviaciones de recursos relacionadas con sobrecostos en la compra o venta de medicamentos.
Por qué se ordenó formular una nueva política
El caso se originó en una acción popular promovida por la Procuraduría, que puso en duda la suficiencia de las medidas existentes para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, regular sus precios y proteger los recursos públicos del sistema de salud.
Durante el proceso, el Ministerio de Salud argumentó que el documento CONPES 155 de 2012 ya establecía los lineamientos de la política farmacéutica y señaló que había comenzado la preparación de una nueva propuesta.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que no se había acreditado la existencia de una política pública capaz de responder de manera integral a los problemas analizados en el proceso judicial.
