Una serie de presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y supervisión de un contrato estatal llevó a Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, a presentar una denuncia penal contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador. El documento solicita a la Fiscalía General de la Nación investigar posibles conductas relacionadas con cinco delitos.
La denuncia, conocida por SEMANA, cuestiona varios aspectos del contrato de prestación de servicios número 1937 de 2024, suscrito el 11 de octubre de ese año entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP), y el caricaturista.
El asunto del documento señala: “Denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP). Documento complementado con soporte fáctico, normativo y jurisprudencial”.
Errores en el contrato de Matador y dudas sobre el IVA
Uno de los puntos expuestos por el denunciante tiene que ver con un error en los apellidos del caricaturista dentro de la justificación de su selección directa. Aunque en el resto del documento contractual y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno, en una consideración aparece identificado con otro nombre.
“La consideración 22 del contrato, que contiene la justificación intuitu personae, individualiza al seleccionado como ‘Julio César Rodríguez Quiceno’”. El denunciante sostiene que esta inconsistencia amerita revisar si la contratación estuvo sustentada en una evaluación individualizada de las condiciones del seleccionado.
Otro cuestionamiento está relacionado con el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA). El contrato tenía un valor inicial de $257.040.000, incluidos $41.040.000 correspondientes al IVA durante los doce meses de ejecución, calculados a razón de $3.420.000 mensuales.
Sin embargo, el RUT del contratista, actualizado el 31 de enero de 2024 y generado en PDF el 2 de septiembre de ese año, lo identificaba como no responsable de ese impuesto. Según la denuncia, la situación se corrigió mediante el otrosí número uno, dos meses después del inicio de la ejecución contractual.
El documento señala que esa modificación reconoció expresamente que “de acuerdo con el RUT del contratista no es responsable de dicho tributo”.
También se cuestionó que el contrato estableciera a Bogotá como único lugar de ejecución, pese a que algunas obligaciones requerían desplazamientos a otros territorios. Al respecto, el otrosí admitió que “la cláusula Trigésima cuarta dejó como lugar de ejecución la ciudad de Bogotá sin contemplar los desplazamientos”.
Cuestionamientos a la supervisión del contrato
La denuncia también pone bajo revisión la ejecución del contrato y la labor de supervisión que habría estado a cargo de Gloria Cuartas. Según el documento, se identificaron inconsistencias entre los períodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos entregados.
“Sobre esa base se identificaron inconsistencias entre los períodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos presentados”, indica el escrito.
El denunciante relaciona observaciones sobre distintos períodos contractuales entre octubre de 2024 y julio de 2025. Entre los aspectos que pide verificar están la identificación de los informes, los correos electrónicos asociados, sus archivos adjuntos y las fechas de recepción, con el propósito de reconstruir la documentación que respaldó los pagos.
Sobre la supervisión, la denuncia plantea interrogantes acerca de las verificaciones realizadas antes de autorizar los desembolsos y de la correspondencia entre los soportes presentados y las obligaciones certificadas.
“En la etapa precontractual, los cuestionamientos se refieren a la eventual omisión de verificaciones, aprobaciones y soportes económicos esenciales para la selección directa. En la ejecución, preocupan la sucesión de soportes fechados después de los cortes de cobro, la reiteración de evidencias entre mensualidades y la ausencia de soportes diferenciados para determinadas obligaciones”, expone el documento.
No obstante, el propio escrito advierte que las posibles fallas administrativas no demuestran por sí solas la comisión de un delito y que corresponde a la Fiscalía determinar la participación de cada persona.
¿Cuáles son los delitos por los que denuncian a Matador?
La denuncia solicita investigar a Matador por los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El proceso también busca establecer si existieron responsabilidades en las etapas precontractual, contractual y de supervisión. La presentación de la denuncia no implica que los hechos estén probados ni que exista una condena contra el caricaturista o las demás personas mencionadas.
Matador aspiró al Senado de la República por el Pacto Histórico, pero no consiguió una curul en las elecciones correspondientes.
La Fiscalía deberá evaluar los elementos aportados, determinar si procede abrir una investigación y establecer si las situaciones descritas configuran conductas penalmente relevantes.
