El proyecto de ley de competitividad, radicado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en agosto de 2026, avanza en el Congreso con la posibilidad de convertirse en ley antes de finalizar el año.
La iniciativa busca simplificar los trámites ante las entidades del Estado para facilitar la actividad de los ciudadanos y los empresarios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El proyecto se discute de manera conjunta en las Comisiones Sextas del Senado y la Cámara de Representantes. Según el cronograma planteado, la votación de su articulado podría concluir la próxima semana, antes de pasar a las plenarias de ambas corporaciones.
Una ley para reducir trámites y barreras a los empresarios
Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde y uno de los ponentes de la iniciativa, explicó que el propósito es mejorar la competitividad del país y evitar que los procedimientos administrativos se conviertan en obstáculos para quienes buscan poner en marcha o mantener un negocio.
Toro cuestionó las dificultades que enfrentan algunos pequeños empresarios para obtener permisos de funcionamiento, particularmente ante secretarías de salud y entidades de bomberos. Según el congresista, estas trabas pueden abrir espacio a prácticas irregulares en las que se les exigirían pagos para agilizar o conseguir autorizaciones.
“Aquí se le acaba la ‘guachafita’ y la ‘mafiecilla’ que se ha venido armando en algunas secretarías de salud y en algunas entidades de bomberos”, afirmó el representante, al referirse a las prácticas que, según denunció, afectan a propietarios de tiendas, peluquerías y consultorios odontológicos.
Una ventanilla única para facilitar las exportaciones
Uno de los principales cambios que contempla el proyecto es la creación de una ventanilla única empresarial exportadora. La herramienta busca centralizar la información y los documentos necesarios para realizar trámites relacionados con el comercio exterior.
De acuerdo con Toro, actualmente algunos exportadores deben presentar 11 documentos en 11 ventanillas de distintas entidades, una situación que, a su juicio, genera demoras y dificulta que las empresas colombianas puedan comercializar sus productos en otros mercados.
El congresista también señaló que los importadores enfrentan obstáculos similares. Según las cifras mencionadas por él, las importaciones representan alrededor de 6.700 millones de dólares, por lo que considera necesario reducir las barreras administrativas que afectan estas operaciones.
La propuesta busca que los procedimientos sean más sencillos y que los empresarios puedan dedicar menos tiempo a gestionar documentos y más a desarrollar sus actividades comerciales.
“El Estado tiene que ser un socio”, afirma ponente
Hernando González, representante de Cambio Radical y presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, también respaldó la necesidad de simplificar los trámites estatales.
“El Estado en vez de ayudar, avanzar, el Estado estorba”, señaló, al cuestionar las demoras que enfrentan los ciudadanos cuando buscan abrir un negocio, construir una vivienda, importar o exportar productos y acceder a oportunidades laborales.
Para González, el Estado debe facilitar estos procesos y ofrecer respuestas oportunas, en lugar de imponer barreras que retrasen las iniciativas de los ciudadanos y los empresarios.
El representante sostuvo que las dificultades administrativas afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cumplen un papel importante en la generación de empleo y el crecimiento económico.
¿Cuándo podría convertirse en ley?
La iniciativa continuará su trámite en las Comisiones Sextas del Senado y la Cámara de Representantes, donde se espera que la votación del articulado concluya la próxima semana.
Posteriormente, el proyecto deberá ser debatido y aprobado en las plenarias de ambas corporaciones. De acuerdo con el calendario previsto por sus impulsores, la meta es completar ese proceso antes de finalizar noviembre y, después, pasar a la sanción presidencial.
Si se cumplen esos plazos y se aprueba el texto en los términos requeridos, la ley podría entrar en su etapa final antes de terminar el año.
