La deuda pública del Gobierno Nacional alcanzó los $1.068 billones en agosto de 2026, una cifra que refleja la presión sobre las finanzas del Estado y los desafíos que enfrenta el país para cumplir con sus obligaciones.
Los datos fueron revelados por la Contraloría General de la República en respuesta a una solicitud de información presentada por El Tiempo, que examinó la composición del endeudamiento y sus principales riesgos.
De acuerdo con las cifras recopiladas por el organismo de control, $818,81 billones corresponden a compromisos internos, equivalentes al 76,6 % del total, mientras que $249,52 billones están asociados a obligaciones externas, que representan el 23,4 %. La distribución comprende compromisos denominados en moneda nacional y extranjera.
Frente al cierre de 2025, el saldo de la deuda interna aumentó en $78 billones. En contraste, el componente externo registró una reducción de $69 billones. Sin embargo, esta disminución no significa que Colombia haya pagado ese monto de sus obligaciones internacionales.
Según el análisis citado por El Tiempo, la caída del dólar explica buena parte de la reducción contabilizada en pesos, pues disminuye el valor local de los compromisos denominados en otras monedas, sin modificar necesariamente la cantidad de divisas que el país debe. La estimación presentada indica que una baja de $100 en la tasa de cambio puede reducir en promedio $7 billones el valor registrado de la deuda.
El panorama también genera preocupación por sus posibles efectos económicos. Cuando los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir sus gastos, el Gobierno debe buscar financiación adicional y asumir los intereses correspondientes. Esta dinámica puede ejercer presión sobre las condiciones de crédito para los hogares y las empresas, además de limitar los recursos disponibles para otras necesidades públicas.
Las proyecciones fiscales mencionadas en el informe de El Tiempo apuntan a un escenario exigente. Mientras durante la pandemia de covid-19 el déficit fiscal llegó al 7,8 %, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que podría alcanzar el 9,4 % en 2027. Ese nivel de desequilibrio representa un desafío para la capacidad del Gobierno de financiar sus compromisos.
¿Cómo está distribuida la deuda pública de Colombia en 2026?
Una parte sustancial de las obligaciones nacionales está representada por los títulos de deuda pública conocidos como TES clase B, instrumentos que el Gobierno emite para conseguir recursos de inversionistas. En el análisis publicado por El Tiempo, los títulos de largo plazo sumaban $748,01 billones, con vencimientos que se extienden hasta 2062.
Ese monto equivale aproximadamente al 70 % de la deuda total del Gobierno y al 91,4 % de las obligaciones internas, según los datos divulgados por el diario. Por su parte, los TES de corto plazo, con vencimientos de hasta un año, representaban $52,63 billones. Otros pasivos internos completaban el componente restante.
En el frente externo, los bonos constituían la mayor categoría, con $126,96 billones, equivalentes al 11,9 % de la deuda total. Los préstamos de la banca multilateral alcanzaban $99,46 billones, mientras que otras obligaciones internacionales sumaban $23,09 billones.
Entre los acreedores externos, los inversionistas que adquirieron bonos concentraban el 50,9 % de esta deuda. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) figuraba con $52,14 billones, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $32,65 billones, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con $11,84 billones. También aparecían entidades como el Fondo de Ahorro y Estabilización, el banco alemán KfW y la Agencia Francesa de Desarrollo.
En el mercado interno, los fondos de pensiones y cesantías nacionales encabezaban la tenencia de TES clase B, con $252,98 billones. Detrás se ubicaban los fondos de capital extranjero, con $150,57 billones; los bancos comerciales, con $118,54 billones, y las compañías de seguros y capitalización, con $96,95 billones.
Dentro del sector de pensiones y cesantías, Porvenir concentraba $117,72 billones en estos títulos, mientras que Protección registraba $88,31 billones. Colfondos tenía $27,69 billones y Skandia, $11,53 billones. Estas cifras muestran la participación de las administradoras nacionales en la financiación de las obligaciones del Estado.
Los fondos de inversión internacionales también tienen un peso relevante. Entre los principales tenedores extranjeros aparecen Pimco Funds Global Investors Series, con $13,48 billones, y Pimco Income Fund, con $12,73 billones. A estos se suman entidades como la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco Central de Arabia Saudita, Norges Bank y Abu Dhabi Investment Authority, de acuerdo con la información examinada por El Tiempo.
¿Cuándo debe pagar Colombia su deuda pública y qué alertas emitió la Contraloría?
Pese al volumen de sus obligaciones, Colombia ha mantenido el cumplimiento de sus pagos. El Ministerio de Hacienda canceló el 25 y el 26 de agosto de 2026 los TES clase B que vencían en esas fechas, por un total de $6,08 billones. No obstante, el calendario de vencimientos mantiene una presión importante sobre las necesidades de financiación del país.
Entre septiembre y diciembre de 2026, el Gobierno debía atender vencimientos de deuda interna por $16,25 billones, correspondientes a TES de corto plazo. Para 2027, el monto previsto ascendía a $78,46 billones, distribuidos entre $36,38 billones de títulos de corto plazo y $42,08 billones de largo plazo.
Los compromisos de mayor cuantía a largo plazo se concentran en varios años específicos: $65,11 billones en 2031, $65,26 billones en 2033 y $78,65 billones en 2035. En cuanto a las obligaciones externas, los vencimientos previstos para lo que restaba de 2026 alcanzaban los 497 millones de dólares, mientras que en 2027 llegaban a 3.664 millones de dólares. Los mayores compromisos se proyectaban para 2030, con 7.262 millones de dólares, y 2036, con 7.060 millones.
La Contraloría General de la República emitió siete alertas relacionadas con el endeudamiento público entre enero y agosto de 2026. En abril, la entidad advirtió al Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Germán Ávila, sobre el crecimiento acelerado de la deuda y las condiciones financieras que podían comprometer el equilibrio fiscal. En ese momento, señaló que de cada $100 destinados al gasto público, $23 se utilizaban para atender obligaciones de deuda.
En mayo, el organismo de control llamó la atención sobre la concentración de vencimientos de TES clase B en 2026, 2029 y 2030. Además, durante una auditoría financiera a Hacienda, abrió una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda nacional. En julio, después de que el Ministerio no lograra desvirtuar los hechos examinados, la Contraloría confirmó el hallazgo y lo remitió a la Procuraduría para su investigación. Aunque precisó que las actuaciones del Ejecutivo se ajustaron a la legalidad, advirtió que representaban riesgos para la orientación fiscal del Estado, según la información publicada por El Tiempo.
