La ley de sometimiento a la justicia impulsada por el Gobierno Nacional superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, luego de que las mayorías rechazaran las propuestas que buscaban archivar la iniciativa.
La decisión permite que el proyecto continúe su trámite legislativo, en medio de cuestionamientos sobre los beneficios penales y las condiciones previstas para los integrantes de organizaciones criminales.
La votación se produjo durante una sesión en la que las comisiones se declararon en sesión permanente. Las ponencias de archivo fueron derrotadas con 38 votos por el No y 20 por el Sí, resultado que abrió el camino para continuar la discusión del articulado. Lea: Rodrigo Lara Restrepo deja el Ministerio del Interior: ¿quién será su reemplazo?
Durante el debate, los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, defendieron la propuesta como un mecanismo para desmantelar estructuras delincuenciales, identificar sus fuentes de financiación y obtener información útil para esclarecer hechos criminales. Ambos funcionarios insistieron en que los beneficios estarían sujetos al cumplimiento de compromisos y a la verificación de las autoridades competentes.
¿Qué condiciones establece la ley de sometimiento a la justicia?
Cancino explicó que quienes busquen acogerse al mecanismo deberán cumplir obligaciones relacionadas con la entrega de armas, la identificación de rutas delictivas y el esclarecimiento de vínculos entre organizaciones criminales y redes de corrupción. La propuesta también contempla compromisos para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, evitar el reclutamiento de menores y apoyar labores de desminado humanitario.
Uno de los puntos más discutidos fue el tratamiento de los lavadores de activos y los testaferros vinculados con economías ilegales. Frente a las críticas, el ministro de Justicia afirmó que la entrega de bienes tendrá que ser completa y que la Fiscalía General de la Nación verificará la información aportada por quienes pretendan acceder a los beneficios.
“No es cierto que se vaya a lavar la cara de nadie ni es el espíritu de la ley”, manifestó Cancino. El funcionario agregó que los bienes recibidos deberán destinarse a reparar a las víctimas y que el Estado no entregará dinero a cambio de ellos. También aseguró que el proyecto no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender las órdenes de extradición.
Por su parte, Lara sostuvo que la iniciativa no supone una negociación de las reglas judiciales con las organizaciones criminales. “El Estado no entra a negociar reglas con las estructuras criminales y ese es el primer o el principal elemento metodológico de esta ley”, señaló al explicar que los sometidos comparecerían ante la Fiscalía y serían juzgados por jueces ordinarios, bajo las disposiciones establecidas en la norma. Le puede interesar: De la Espriella promete acabar con el maltrato a los jueces y respetar fallos judiciales
El ministro del Interior indicó que el mecanismo exigirá entregar las armas, liberar a menores reclutados y personas secuestradas, suministrar información sobre desaparecidos, abandonar las actividades ilícitas y revelar datos sobre las finanzas criminales y las redes de corrupción. Asimismo, recalcó que el acceso a los beneficios no será automático, pues dependerá de la comprobación de los requisitos y de las decisiones de las autoridades judiciales.
¿Por qué la oposición cuestiona la ley de sometimiento criminal?
Lara defendió la inclusión de personas relacionadas con el lavado de activos y el ocultamiento de bienes al considerar que intervenir las finanzas resulta determinante para debilitar las organizaciones. “La única manera de desarticular a las organizaciones criminales es mediante la desarticulación de sus finanzas criminales (…) Si no se desmonta la plata, la estructura se reconstruye en 3 y 4 meses”, afirmó. También sostuvo que la propuesta establece condiciones judiciales para quienes decidan abandonar las armas.
Las críticas de los congresistas opositores se centraron en el alcance de las facultades del Gobierno, los controles para conceder beneficios y las reducciones de penas contempladas para delitos relacionados con el lavado de activos. El representante Jorge Augusto Palacio cuestionó que el proyecto no tuviera un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal y advirtió sobre la falta de claridad en la evaluación de su impacto fiscal, especialmente por las tareas que asumiría la Fiscalía.
La representante Alejandra Gabriela Abasolo expresó reparos frente a las decisiones que quedarían en manos de reglamentos expedidos por el Ejecutivo. También cuestionó los procedimientos para admitir las listas de integrantes de las organizaciones criminales y establecer las condiciones para su ingreso al mecanismo. El senador Alex Javier Flores, por su parte, calificó la propuesta como una “ley de blanqueo o de lavado” y advirtió que las rebajas punitivas podrían facilitar la legitimación de capitales ilícitos.
La senadora Carolina Corcho también cuestionó el alcance de la iniciativa y sostuvo que el texto no garantiza suficientemente el sometimiento efectivo de los principales mandos criminales. Según su planteamiento, el proyecto podría “beneficiar de manera desproporcionada al narcotráfico y al lavado de activos”. La congresista, además, objetó que decisiones relacionadas con las penas y sus reducciones dependan de reglamentaciones del Gobierno, mientras la iniciativa continúa su trámite en el Congreso.
