La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las denuncias sobre una supuesta red de 48 mujeres que habrían obtenido contratos con entidades estatales a cambio de favores sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro. El caso incluye presuntas irregularidades en la contratación pública y señalamientos relacionados con la vida íntima del exmandatario.
Dentro de las primeras actuaciones previstas, el organismo judicial citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). También serán convocados otros funcionarios y exfuncionarios que puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos denunciados.
La investigación estará a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el respaldo de un equipo especializado. La Fiscalía indicó que las diligencias abarcarán tanto las denuncias divulgadas públicamente como los señalamientos formulados por Rodríguez y otros elementos relacionados con la presunta contratación irregular de mujeres. Lea: Contratos a cambio de sexo: la grave denuncia de una mujer contra Petro y la respuesta del expresidente
¿Qué investiga la Fiscalía sobre los presuntos contratos vinculados a Petro?
El ente investigador precisó que el proceso comprende diferentes hechos que deberán ser examinados para establecer si existieron irregularidades en la vinculación de mujeres a entidades públicas y si esos contratos tuvieron alguna relación con los encuentros sexuales denunciados.
“Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, explicó la Fiscalía al referirse al alcance de las indagaciones.
La entidad también aclaró que las posibles responsabilidades de Gustavo Petro deberán tramitarse ante las instancias competentes, dependiendo de la condición en la que habría ocurrido cada hecho. Las actuaciones relacionadas con su ejercicio como senador corresponden a la Corte Suprema de Justicia, mientras que aquellas vinculadas con su desempeño como presidente son competencia de la Comisión de Acusaciones.
Uno de los testimonios que dio origen a las denuncias fue el de Deicy Jiménez, quien habló con la revista Semana sobre supuestos vínculos entre la obtención de contratos estatales y sus encuentros sexuales con Petro. Según su relato, habría comenzado a recibir contratos públicos en 2019, cuando el mandatario se desempeñaba como senador. Lea también: ¿Petro le pidió buscar declaraciones de exparamilitares? De Currea Lugo responde
Jiménez aseguró que esas vinculaciones se produjeron en diferentes entidades, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia Privada y la Presidencia. Sus declaraciones forman parte de los señalamientos que ahora deberán ser examinados por las autoridades, sin que su divulgación implique que los hechos estén probados.
La mujer manifestó, además, que conserva fotografías, videos y conversaciones que, según ella, respaldarían parte de su testimonio. De acuerdo con la información suministrada, pidió que las autoridades investigaran sus denuncias y verificaran el contenido de las pruebas que afirma tener en su poder.
¿Por qué se habla de 48 mujeres en el caso de los contratos?
La cifra de 48 mujeres fue mencionada la semana anterior por Carlos Ríos, director del DAPRE del nuevo Gobierno. El funcionario denunció que, durante la revisión de contratos, se habían encontrado vinculaciones que, según su versión, corresponderían a mujeres presuntamente instrumentalizadas por la administración anterior para ponerlas a disposición de Petro.
Ese señalamiento amplió la controversia sobre la contratación en la Presidencia y dio relevancia a las declaraciones divulgadas públicamente. La investigación de la Fiscalía buscará establecer qué ocurrió, cuál fue la naturaleza de los contratos mencionados y si existen elementos que permitan sustentar las denuncias.
En respuesta a las acusaciones, el expresidente publicó un comunicado en el que cuestionó el origen de las revelaciones y sostuvo que existiría una operación financiada para investigar y divulgar aspectos de su vida íntima. Petro atribuyó esa supuesta iniciativa al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
“Nunca he cometido delitos en mi vida sexual”, manifestó el exmandatario en su pronunciamiento. También negó haber entregado contratos a cambio de mantener relaciones sexuales y puso en duda las circunstancias en las que se realizó la entrevista de Jiménez con Semana, al sugerir que la publicación habría pagado por su testimonio.
Las versiones de Jiménez, las denuncias formuladas desde el DAPRE y la respuesta de Petro hacen parte de los elementos públicos que rodean el caso. La Fiscalía deberá avanzar en las diligencias correspondientes para verificar los señalamientos, recibir las declaraciones previstas y determinar qué actuaciones proceden dentro de sus competencias.
