La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el norte y nororiente de Colombia.
Entre los señalados están Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, y Pastor Alape, quienes hicieron parte del último Secretariado de esa antigua guerrilla. También fueron imputados nueve antiguos comandantes regionales de esas estructuras.
Por el extinto Bloque Magdalena Medio, la JEP imputó a Erasmo Traslaviña, alias “Jimmy Guerrero”; Pedro Trujillo Hernández, alias “Alberto Cancharina”, y Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como “Jairo Quintero” o “Jairo Mechas”.
Por el Bloque Caribe fueron imputados Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Osmany Landero Fajardo, alias “Hernando González”; Gilberto de Jesús Giraldo David, alias “Aldemar Altamiranda”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Uriel Antonio Oviedo Aldana, conocido como “Manuel Ortiz” o “Mañe”, y Héctor Enrique Hernández López, alias “Fabio Borges”.
JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc; ¿cuáles son los crímenes atribuidos?
La imputación se fundamentó en los relatos de 733 víctimas, entre ellas campesinos, líderes comunitarios, comerciantes, autoridades locales, integrantes de comunidades negras e indígenas, militares y policías. La jurisdicción también tuvo en cuenta 72 informes presentados por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los antiguos comandantes fueron imputados por conductas como homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil, destrucción de bienes del enemigo, ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), muertes o heridas a traición, tortura, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual.
Entre los hechos documentados figuran la toma guerrillera de Chalán, en Sucre, y el atentado con un “burro bomba” en ese municipio.
También se incluyó el ataque contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002, cuando era candidato presidencial, y la masacre perpetrada en la finca La Duquesa, en la zona rural de Tibú, Catatumbo, en 2004.
La JEP identificó tres modalidades de crímenes contra la población: la persecución de personas consideradas enemigas o colaboradoras del enemigo; los castigos contra quienes desobedecían o se oponían a las normas de convivencia impuestas por la guerrilla, y las acciones dirigidas a desplazar o retirar del territorio a las autoridades locales.
En el desarrollo de las hostilidades, la jurisdicción también encontró patrones relacionados con tomas guerrilleras, hostigamientos y otras acciones armadas. Entre estas últimas se encuentran emboscadas, ataques contra integrantes de la fuerza pública fuera de combate y el uso de minas antipersonal y otros artefactos explosivos en zonas transitadas por civiles.
Plazos para reconocer o rechazar la imputación
Tras la notificación de la decisión, las víctimas y el Ministerio Público tendrán plazo hasta el 8 de febrero de 2027 para presentar observaciones sobre la imputación.
Por su parte, los 11 excomandantes podrán pronunciarse por escrito hasta el 8 de diciembre. En ese plazo deberán decidir si reconocen los hechos y su responsabilidad o si los rechazan y presentan elementos de prueba adicionales.
La JEP advirtió que, debido a las dinámicas del conflicto armado, buena parte de estos crímenes había permanecido en la impunidad. Según los datos de la jurisdicción, el desplazamiento y la desaparición forzada en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio registraban un 100 % de impunidad.
Además, más del 95 % de los procesos abiertos a partir de denuncias no llegaron a juicio y más del 72 % de las investigaciones no superaron la etapa de indagación preliminar.
De los 11 antiguos comandantes imputados, únicamente Uriel Antonio Oviedo Aldana había sido capturado por la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo de Paz.
