La Contraloría General de la República ordenó la revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor supera los $20.783 millones, ante posibles irregularidades relacionadas con fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y presuntos sobrecostos.
Las actuaciones del organismo de control se concentrarán en contratos para la adquisición de drones y sistemas antidrones, equipos de cómputo, tecnología biométrica y mobiliario para las instalaciones de la entidad en Funza, Cundinamarca.
La revisión también incluirá el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, versión 2, con el propósito de establecer si los recursos públicos comprometidos se utilizaron de acuerdo con las obligaciones contractuales.
Los cinco contratos de la DNI que revisará la Contraloría
El organismo de control detalló los contratos que serán objeto de revisión prioritaria y los aspectos que buscará verificar en cada caso:
1. Adquisición de un helicóptero no tripulado por cerca de $9.000 millones.
La Contraloría examinará las condiciones de adquisición, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También verificará la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos.
2. Adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones.
Se revisarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y correspondencia con las necesidades de la DNI.
3. Contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores.
En este caso, el ente de control verificará las denuncias sobre posibles deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de las especificaciones técnicas. También examinará las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos.
4. Contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica.
La revisión buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, si era compatible con la infraestructura tecnológica de la entidad y cuáles fueron las condiciones de planeación y ejecución del contrato. El objetivo es determinar si la inversión cumplió los resultados previstos.
5. Contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por cerca de $1.549 millones.
La Contraloría verificará los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes. La revisión prestará especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra de muebles y otros elementos de dotación.
Contraloría también revisará el sistema de inteligencia y contrainteligencia
Además de los cinco contratos, el organismo de control verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, versión 2. También examinará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo.
Para adelantar estas actuaciones, la Contraloría solicitará documentos como estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías contractuales.
Según explicó la entidad, el análisis de estos soportes permitirá establecer si se presentaron deficiencias en la planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan representar un daño al patrimonio público.
¿La reserva de inteligencia impide la revisión de los contratos?
Uno de los puntos abordados por la Contraloría tiene que ver con el carácter reservado de parte de la información relacionada con las actividades de inteligencia y seguridad nacional.
Frente a esta preocupación, el contralor Jorge Laverde aseguró que la reserva no puede impedir la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos”, afirmó.
El funcionario agregó que cada inversión debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. También señaló que la Contraloría adelantará las actuaciones con rigor técnico e independencia para determinar si hubo alguna afectación al patrimonio de los colombianos.
