La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de una nueva controversia tras conocerse documentos internos que muestran cómo su entonces director encargado, René Guarín, solicitó a la Registraduría Nacional información detallada del censo electoral colombiano, a pocos meses de las elecciones presidenciales. La revelación fue realizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
La investigación periodística tuvo acceso a archivos reservados de la entidad, entre los que figura una comunicación firmada por Guarín y enviada el 9 de abril. El documento estaba dirigido a la Registraduría y tenía como asunto: “Envío de información de contrainteligencia”.
En uno de los apartados centrales de la carta, el funcionario planteó la necesidad de recibir la totalidad de los registros que conforman el censo electoral vigente. La solicitud contemplaba que la información fuera entregada en un archivo plano para facilitar su procesamiento e integración con los sistemas de análisis de la DNI.
El requerimiento no se limitaba a cifras generales sobre el número de ciudadanos habilitados para votar. Por el contrario, incluía la petición de datos individualizados que permitieran identificar a los electores y conocer sus características personales y electorales.
Entre los campos solicitados estaban los números de cédula, el género y la edad de cada ciudadano. También se pedía información sobre la pertenencia a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rom o gitano. Lea: “Casi vomito”: Petro sobre el lugar donde trabajaba como webcam Deyci Jiménez
La comunicación igualmente contemplaba obtener los nombres y direcciones de los puestos de votación, junto con los municipios y departamentos correspondientes. A esto se sumaba la confirmación del estado de vigencia de cada registro para establecer quiénes estaban habilitados para participar en las elecciones.
La DNI sustentó su requerimiento en razones relacionadas con la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, la petición no estuvo acompañada de un soporte legal válido que justificara la entrega de semejante volumen de información electoral.
¿Por qué preocupa que la DNI solicitara el censo electoral?
El alcance de la solicitud generó cuestionamientos entre antiguos funcionarios electorales y organizaciones dedicadas a vigilar la transparencia de los comicios. Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, manifestó su sorpresa por el requerimiento y señaló que no tenía conocimiento de antecedentes similares.
“Fue absolutamente sorpresivo conocer esa circunstancia, porque además nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido y tampoco nunca que la Registraduría haya accedido a brindar esa información”, afirmó Galindo.
El exfuncionario también advirtió sobre las consecuencias que podría tener el acceso a los datos personales de los votantes. Según explicó, disponer de la identificación de los ciudadanos y conocer exactamente dónde ejercen su derecho al sufragio podría facilitar eventuales acciones de manipulación electoral.
“Se podrían filtrar sus datos respecto a la identificación de las personas, número de cédula, nombre de la persona y el sitio donde vota para efectos, en dado caso, para algún tipo de manipulación de electores o algo semejante”, sostuvo.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), también expresó su preocupación. La organización, que acumula dos décadas de vigilancia sobre los procesos electorales colombianos, considera que entregar esa información a terceros podría abrir espacio a diferentes conductas ilegales.

“La entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral”, advirtió Barrios.
La directora de la MOE agregó que la disponibilidad de esos registros también podría utilizarse para presionar a los ciudadanos mediante amenazas relacionadas con la prestación de servicios estatales, condicionando su acceso al respaldo de determinadas candidaturas. Lea también: Petro habría sido cómplice del fraude electoral de Maduro, según informe de EE. UU.
¿Qué ocurrió después de que la Registraduría rechazara la solicitud?
Barrios cuestionó las razones que llevaron a la entidad de inteligencia a requerir la totalidad del censo precisamente durante un proceso presidencial de alta disputa. “Qué tipo de operativo o qué operación requería tener todo el censo electoral de los ciudadanos”, planteó.
La representante de la MOE también puso sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de vigilancia sobre la DNI, al considerar que una dependencia adscrita a la Presidencia no debería tener capacidad para realizar solicitudes de semejante alcance sin controles suficientes.
La polémica se produjo en medio de los cuestionamientos que el entonces presidente Gustavo Petro había formulado sobre la confiabilidad del sistema electoral. El 26 de febrero de 2026, el mandatario aseguró: “Estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”.
En esa misma línea, Petro manifestó inconformidad por la falta de respuestas de las autoridades electorales y de los organismos de control. “Y como no se nos contesta del órgano electoral, que es el que debería contestarme, o de los órganos de control -Procuraduría, Fiscalía-, lo cual me lleva aún más a dudar”, expresó.
Posteriormente, el 18 de marzo, la DNI difundió una comunicación en la que alertó sobre posibles ciberataques contra entidades estatales, entre ellas la Dian, y advirtió que las acciones podrían extenderse a la Registraduría. El organismo mencionó el riesgo de “alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo”.
Días después se presentó la solicitud firmada por René Guarín. La Registraduría rechazó el requerimiento mediante argumentos legales, por lo que la información individualizada del censo electoral no fue entregada a la entidad de inteligencia.
Sin embargo, los documentos internos de la DNI conocidos por Noticias Caracol señalan que, después de esa negativa, se habría contemplado una estrategia alternativa dirigida contra la infraestructura tecnológica del organismo electoral. Los informes mencionan al hacker Carlos Oyola como responsable de liderar una red que presuntamente ejecutaría acciones para modificar resultados de votación.
El documento atribuye a Oyola la siguiente función: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio. Junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría”.
Para ese momento, el señalado hacker tenía una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Según la información divulgada, permaneció en libertad durante seis meses en medio del proceso electoral, hasta que fue detenido y enviado a prisión por decisión de un juez de Bogotá el viernes 13 de noviembre.
Por su parte, la Registraduría confirmó, a través de su oficina de comunicaciones, que desde marzo había presentado 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos. La entidad también reportó ante la Fiscalía General de la Nación 109 millones de ataques contra su página web entre las dos vueltas presidenciales, aunque ninguno logró comprometer el sistema electoral.
Noticias Caracol informó que buscó al registrador Hernán Penagos para conocer su posición sobre los documentos, pero no obtuvo declaraciones. También intentó obtener una respuesta de René Guarín, sin recibir contestación. Las revelaciones se suman a otros cuestionamientos sobre el funcionamiento de la DNI durante el Gobierno de Gustavo Petro, frente a los cuales, según el informe periodístico, no se habían desarrollado investigaciones de fondo por parte de la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría.

