La Corte Constitucional pidió explicaciones sobre el embargo de $11.116 millones a Servicios Postales Nacionales, dinero que tenía como destino el pago de ayudas humanitarias para las víctimas del conflicto armado.
El embargo de los recursos destinados a las ayudas humanitarias
El 5 de agosto se retiró el dinero de una cuenta del Banco de Occidente utilizada por Servicios Postales Nacionales para manejar los recursos enviados por la Unidad para las Víctimas y pagar las ayudas humanitarias. La operación se produjo en medio de un proceso de cobro de una deuda por parte de la empresa Macroservicios Express de Colombia contra el operador postal.
Al siguiente día, la empresa solicitó levantar el embargo y la devolución del dinero, así como no utilizar los recursos para pagar la deuda que comenzó el proceso, debido a que eran destinados a las víctimas y la Unidad para las Víctimas respaldó la decisión.

Sin embargo, al permanecer retenido el dinero, la situación afectaba la continuidad de los pagos de ayuda humanitaria, según información compartida por Servicios Postales a la Corte. Además, la empresa presentó una tutela al Consejo de Estado contra el Banco de Occidente y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero la solicitud fue rechazada en primera instancia.
Las explicaciones que pidió la Corte sobre el embargo de los recursos
Por ello, la magistrada Natalia Ángel Cabo pidió información sobre lo que había pasado con los recursos y las gestiones para recuperarlos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia Financiera y la Procuraduría.
Ángel indicó en su decisión, consignada en el Auto 1535 de 2026, que “la retención o indisponibilidad de esos recursos podría comprometer la continuidad de la prestación, si impide que los pagos lleguen oportunamente a sus destinatarios”.
En respuesta, el tribunal fijó un plazo de cinco días hábiles al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que brinde información sobre la continuidad del embargo, las decisiones que se han tomado y qué ha pasado con la solicitud para recuperar el dinero.
A la Unidad para las Víctimas se le fijó un plazo de diez días hábiles para dar explicaciones sobre los efectos del embargo, si provocó retrasos o interrupciones en los pagos, cuántos hogares pudo haber afectado y cuáles fueron las medidas adoptadas para impedir que personas dejaran de recibir las ayudas.
Por su parte, la Superintendencia Financiera deberá dar información sobre los controles existentes para evitar la retención de recursos públicos que están destinados a la atención humanitaria y si ha revisado la actuación del Banco de Occidente en el caso.
La Procuraduría deberá aclarar si recibió la solicitud de intervención que presentó Servicios Postales y si ha desarrollado alguna gestión para la protección de los recursos.

