La crisis del sistema penitenciario en Colombia volvió a ser motivo de debate en el Congreso. Durante una sesión plenaria del Senado, el congresista Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, aseguró que las autoridades no tienen información suficiente sobre la ubicación de miles de personas a quienes se les concedió el beneficio de detención domiciliaria.
Según el senador, el país tiene cerca de 65.000 personas bajo esta modalidad, pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispone de apenas 5.000 brazaletes electrónicos para hacerles seguimiento.
“Hay cerca de 65 mil personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, pero solamente contamos con cinco mil brazaletes. Esto significa que de esas 60 mil personas, 55 mil no sabemos dónde están y podrían estar delinquiendo nuevamente”, advirtió Moreno.
La denuncia fue presentada durante una citación al ministro de Justicia, Iván Cancino. El congresista estuvo acompañado por personas condenadas y guardias del Inpec.
Hacinamiento carcelario: denuncian déficit de 20.000 cupos
Moreno también expuso las cifras de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con su intervención, actualmente hay unas 100.000 personas privadas de la libertad en centros de reclusión, mientras que la capacidad disponible es de aproximadamente 80.000 cupos.
Esto representaría un déficit de 20.000 espacios y un nivel de hacinamiento cercano al 23 %, según el congresista.
El senador también cuestionó que personas condenadas permanezcan durante años en estaciones de Policía y otros centros de reclusión transitoria, en lugar de ser trasladadas a establecimientos penitenciarios.
“Hoy hay personas condenadas en las estaciones de Policía que llevan cuatro o cinco años que deberían estar en un centro de reclusión penitenciaria, pero permanecen en centros de reclusión transitoria. Tenemos un problema, ministro: faltan más de 30 mil cupos carcelarios en el país”, afirmó.
Reclaman implementación de la Ley de Cárceles Productivas
Durante el debate, Moreno también cuestionó los retrasos en la implementación de la Ley 2446, conocida como Ley de Cárceles Productivas, que busca promover el trabajo de las personas privadas de la libertad mediante actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.
El congresista hizo un llamado a los empresarios para que lleven sus actividades industriales a las cárceles y destacó los beneficios tributarios contemplados en la norma.
“El Congreso sacó adelante la Ley 2446 para que las personas privadas de la libertad puedan trabajar desde las cárceles. Quiero hacer un llamado a los empresarios de este país: quienes lleven sus fábricas o industrias a las cárceles no tendrán que pagar el 19 % del IVA. Lo que se produzca en los centros carcelarios, en el marco de nuestra Ley 2446, está exento de este impuesto”, explicó.
Además, pidió al Gobierno presentar ante el Legislativo una reforma estructural para enfrentar la crisis penitenciaria. Según planteó, una iniciativa de este tipo permitiría adoptar medidas de fondo, entre ellas facilitar el traslado de personas privadas de la libertad entre establecimientos.
¿Qué respondió el ministro de Justicia sobre la crisis carcelaria?
En su intervención, el ministro Iván Cancino reconoció la gravedad de la situación penitenciaria y la necesidad de adoptar soluciones.
“Es un hecho absolutamente incontrovertible que desde hace mucho tiempo existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y es necesario darle una solución”, manifestó.
El funcionario también se refirió a las conversaciones que el Gobierno adelanta con plataformas digitales como Meta y TikTok para abordar problemáticas relacionadas con la extorsión y el reclutamiento de menores de edad a través de estos servicios.
“Nos hemos reunido con Meta y TikTok, no solo para abordar la extorsión, sino también el reclutamiento de menores, que se lleva a cabo a través de estas plataformas”, señaló.

