Por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, la Fiscalía imputó ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
Según el ente acusador, se obtuvieron elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación del gobernador en presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo.
“El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos”, aseguró el ente acusador.
En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.
Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172’808.072.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
En la audiencia de imputación al gobernador, la Fiscalía narró los presuntos sobrecostos de algunos productos del contrato.
“El Hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo dos de los estudios previos, costó 65.460 pesos por cada kilo gramo, un kilo de hígado... Lo cual es un exabrupto, si se tiene en cuenta que la carne costaba 14 mil pesos el kilo”.
Además el fiscal relató las quejas por mala calidad de las raciones, “reiteradamente habían quejas de parte de familias y de estudiantes, porque se servían raciones pequeñas, porque se repetía el menú, en otro caso se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras (de alimentos), o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de los alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para tomar sus alimentos, a pesar de haberse exigido las condiciones de disponibilidad entre los vehículos adecuados para el transporte de alimentos”.
Por disposición del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que dirige las audiencias concentradas, la petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía se realizará la próxima semana.
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