Ataque a “Raúl Reyes” tuvo apoyo de base operada por EE.UU.

El bombardeo de Colombia contra las Farc en Ecuador, que mató a “Raúl Reyes” y 24 personas -entre ellas un ecuatoriano y cuatro mexicanos-, en marzo de 2008, fue apoyado desde la base de Manta, que en esa época era operada por Estados Unidos, afirmó ayer una comisión civil que investigó el caso. “La inteligencia estratégica procesada desde la base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de “Raúl Reyes”, como blanco prioritario para el Gobierno de Colombia”, señaló el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad creada por Quito a finales de marzo. Según el documento, el convenio entre Ecuador y Estados Unidos sobre la base “para el control del narcotráfico rebasó sus fines y propósitos”. Dicho pacto expiró el pasado 18 septiembre, tras diez años de control del destacamento por parte de Washington, estrecho aliado de Colombia en el combate contra las drogas y la guerrilla. El ataque en la zona fronteriza de Angostura provocó que Quito rompiera relaciones diplomáticas con Bogotá hasta el 13 de noviembre, cuando fueron reactivadas a nivel de encargados de negocios. En la primera reacción oficial el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, descartó recientemente que la investigación del caso Angostura pudiera afectar el proceso de normalización de relaciones con Colombia. ACUERDO MILITAR La denuncia sobre el rol de Manta en el bombardeo se produce en momentos en que Venezuela, en particular, y otros países de la región critican un acuerdo militar firmado el 30 de octubre que permite a Estados Unidos operar desde siete bases colombianas. El informe, que fue entregado al presidente Rafael Correa, también indica que el financiamiento de Estados Unidos a Ecuador como cooperación “determinó el sometimiento” de organismos de seguridad del país andino. Asimismo, sostiene que autoridades colombianas alteraron la escena del bombardeo, mientras registros periciales sobre algunos cadáveres “determinan la violación de derechos humanos”. De otro lado, el comité descartó nexos entre el Gobierno de Correa y las Farc, aunque señaló que ex funcionarios sí tuvieron tratos con ese grupo.