“La declaración del señor presidente de la República revela una estrategia de terror para imponer por miedo el acuerdo de La Habana y para someter a la sociedad”. De esta manera el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado prendió las alarmas ante las declaraciones que en la noche del jueves entregó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en lo que para muchos es un ultimátum frente al plebiscito con el que quiere dar legitimidad a los acuerdo a los que se llegue en Cuba con las FARC.
“El presidente de la República señaló que tiene “información amplísima” de que las FARC están preparadas para comenzar una guerra urbana si fracasa el proceso de paz”, dijo el jefe del Ministerio Público en un comunicado de prensa en el que además señala que “Esto ocurriría si el pueblo colombiano no aprueba los acuerdos de La Habana” y añade que la gravedad de dicha información no puede pasar inadvertida para la Procuraduría.
“Si el presidente tiene ‘amplísima información’ sobre la decisión y capacidad de las FARC de atacar las ciudades, ¿qué está haciendo para neutralizar dicha amenaza?”, preguntó el jefe del Ministerio Público para quien lo que ha hecho el presidente Santos es atemorizar a los ciudadanos y anular la libertad sobre los acuerdos de La Habana. “El presidente notificó a los ciudadanos que deberán acudir a las urnas a votar el plebiscito bajo el chantaje de terrorismo en las ciudades”. Con esto –dice el funcionario- las FARC anulan completamente la libertad del voto de los colombianos y deslegitima totalmente el plebiscito.
En ese sentido, Ordóñez le recuerda al Gobierno Nacional que el Estado tiene la obligación de velar por la libertad plena de los ciudadanos para concurrir sin apremio a las urnas y en libertad decidir si avala los acuerdos o los rechaza.
De la misma manera, se reclama del Jefe de Estado exigirle a la guerrilla un compromiso público de respeto a la decisión soberana del pueblo frente a los acuerdos de paz.
“Es inadmisible que el presidente pasivamente acepte como regla de la negociación que se amenace con una guerra urbana”, cuestiona Ordóñez y agrega “está claro que el plebiscito no es para que los ciudadanos tengan la última palabra, sino para que se sometan por la fuerza a lo pactado por el presidente Santos y el cabecilla alias ‘Timochenko’”.
Pero los cuestionamiento del Procurador van más allá y califica de pasivo al Gobierno ante la “gravísima amenaza de desatar una guerra en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pasto o Barranquilla”.
Mientras subsista dicha amenaza –dice- Santos no puede pactar un mecanismo de refrendación con las FARC, pues de darse ello sería “consentir con el chantaje del terror”.
Finalmente, Ordóñez hace un llamado a los colombianos para que defiendan su libertad y pide que ante la convocatoria a urnas puedan decidir sin presiones del Gobierno y sin amenazas de las FARC. “Los ciudadanos deben repudiar que se les lleve a un plebiscito, no a decidir, sino a doblar la rodilla ante el chantaje de terrorismo en las ciudades”.
“Si el presidente Santos se ha dado por vencido, debe él tener claro, al igual que las FARC, que la sociedad colombiana no”, concluye.
