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Cancillería no adjudicó contrato de pasaportes y declarará urgencia manifiesta

Una sola empresa estaba participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia.

Cancillería no adjudicó contrato de pasaportes y declarará urgencia manifiesta

Pasaportes. // Colprensa

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El canciller, Álvaro Leyva, anunció que se declarará la urgencia manifiesta para que no se vea afectada la prestación del servicio de pasaportes en el país.

“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993”, pronunció en medio de una audiencia. Lea aquí: Este es el pico y cédula para sacar el pasaporte del 13 al 29 de septiembre

Minutos antes él mismo declaró desierta la licitación, que superaba los $599 millones, luego de múltiples dilataciones y escándalos.

Thomas Greg & Sons, empresa que tiene a cargo este proceso y tiene vigencia hasta el próximo 3 de octubre, era la única que estaba participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia e incluso personajes públicos como el senador Ariel Ávila, hicieron denuncias ante la posibilidad de favorecimiento. Le recomendamos: Pasaporte colombiano incluirá el género “X” de no binarios

Luego, la Contraloría General de la República realizó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo de “una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

En su momento, el mayor órgano de control del Estado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, recordando el valor del proceso que alcanzaba los $599 millones.

“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, decía tal comunicación.

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