Como poco claras y que no reflejan la realidad han sido catalogadas las cifras que entregó esta semana la Fiscalía General de la Nación, según las cuales durante 2021 hubo 68,35% de avance de “esclarecimiento” de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU, pues en 285 de los 417 casos conocidos hubo “acciones judiciales efectivas”. Lea: 68,35% de crímenes contra líderes sociales fueron aclarados en 2021
La cifras fueron reveladas a la opinión pública el pasado miércoles y fueron presentadas por la Fiscalía como un resultado “histórico” en 2021, que además consideró que los mayores responsables de las agresiones y actos violentos contra líderes sociales son las disidencias de las Farc, seguidas por el ‘clan del Golfo’ y el Eln, y otras estructuras delictivas, las cuales fueron impactadas con la judicialización de 25 de sus integrantes y la condena de 46 personas.
Pero las cifras fueron cuestionadas y puestas contra la palestra pública a través de la cuenta en Twitter del investigador de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, quien explicó que el universo total de casos (417 homicidios desde 2016) es incorrecto, porque solo incluye los hechos documentados por la ONU entre 2016 y 2020, y un solo caso de 2021, pero no reporta al menos 73 asesinatos confirmados (66 hombres y siete mujeres) ocurridos el año pasado.
Además, Pappier dice que el ente acusador debe ser “más transparente” sobre qué significa “avance de esclarecimiento” o “esclarecimiento”, porque la Fiscalía usa estos términos para referirse a casos donde hay al menos una orden de captura. “Sería mucho mejor que la Fiscalía siempre indicara en cuántos casos hay órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas. Además, debería aclarar en qué casos se han procesado a determinadores”, enfatizó.
Ante esta denuncia, el fiscal Francisco Barbosa explicó en una entrevista en Blu Radio que este análisis “es incorrecto” porque desde 2016 a principios de 2021 la ONU le reportaba al ente acusador el número y la lista de líderes sociales asesinados porque esta “no es función de la Fiscalía”, pero dejó de hacerlo al considerar que debía tener el consentimiento de los familiares de las víctimas, por lo que el Gobierno expidió un Decreto para crear una mesa interinstitucional de seguimiento en donde está la Defensoría, entre otros organismos, que ahora es la encargada de entregar los listados de líderes sociales asesinados.
“Nosotros lo que hicimos fue entregar un reporte de cómo íbamos frente al listado que Naciones Unidas nos había entregado, pero nosotros en este momento tenemos que validar en esa mesa interinstitucional, que debe reunirse en el mes de enero, la información que ya nos entregó la Defensoría que habla de 130 líderes asesinados en 2021”, se defendió Barbosa.
Sin embargo, en su explicación no se refirió a la “transparencia”.
¿QUÉ OPINAN LOS ANALISTAS?
De acuerdo con Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, estas cifras continúan con oscuridades respecto al número de personas del universo considerado como líderes sociales asesinados en el país.
Bajo esta misma línea, González Posso agrega que la verdad es que estas cifras revelan un alto grado de impunidad, porque a la fecha “se habla de 43 casos de sanción penal en juicio, de un universo de más de 400, lo que a esta altura indicaría una impunidad superior al 95%, y los casos que están ya juzgados no son de esclarecimiento suficiente porque no involucran a los autores intelectuales, ni pasan de responsabilidades individuales. De modo que por eso es un informe realmente, insuficiente, con unas cifras atrasadas y parciales, y además que no toma en cuenta la realidad del fenómeno”, sostiene.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Con estos argumentos está de acuerdo Julián González, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas porque para él la Fiscalía no está haciendo su trabajo porque “es una oficina de quejas y reclamos básicamente al que le mandan los casos, en donde no hay una categorización y por lo tanto un avance real”.
Lo anterior, en primer lugar porque están incompletos los datos y la Fiscalía no ha podido articular los casos en un universo, “es decir que no son aislados, son patrones que se repiten en el territorio nacional”, asegura.
Agrega que desde hace por lo menos un par de años la Fiscalía empezó a utilizar la retórica del esclarecimiento. “La CCJ había advertido que este término no es realmente una etapa procesal, es un término al que recurre la Fiscalía para describir un momento, es decir el momento en que se expide la orden de captura, pero también en el que se inicia la investigación, pero también en etapa de juicio, no hay claridad conceptual real sobre qué es lo que dice la Fiscalía cuando habla de esclarecimiento”.
Por lo que añade el vocero de la CCJ que el ente de investigación ha fallado en su tarea de dar información veraz sobre la situación de personas defensoras en el país y esto ha deteriorado las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y la Fiscalía.
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