En la posesión de Diego Mesa Puyo como nuevo ministro de Minas y Energía, el presidente Iván Duque le asignó la tarea de darle solución al problema energético que afronta la Costa Caribe con la empresa Electricaribe.
“Quiero pedirle señor ministro que avancemos rápidamente en la puesta en marcha de la solución al problema de Electricaribe y que podamos transitar de aquí al mes de septiembre a la entrega efectiva de los operadores que adquirieron los dos mercados luego de un proceso competitivo”, indicó Duque.
De igual forma, el presidente le encargó a Mesa liderar la transición energética. Dijo que es una expansión titánica, pero que se espera que en 2020 se logren instalar 180 megas de energías renovables no convencionales.
Otra de las asignaciones que tiene mesa en la cartera está relacionada con la atracción de inversión en el sector de hidrocarburos, pero con responsabilidad y trabajo con las comunidades.
“(...) Que avancemos en el programa de formalización de pequeños mineros en el país, fundamental para liberar a nuestro país de la extracción ilegal de minerales y para darles oportunidades sostenibles a distintas regiones como es el caso del bajo Cauca antioqueño”, agregó Duque.
“Recibo esta designación con total compromiso y dispuesto a trabajar para dar continuidad a las políticas minero energéticas de este Gobierno. Tenemos por delante grandes objetivos y retos frente al Ministerio, como la ejecución de la transición energética, la reactivación del sector hidrocarburos, proyectos de electrificación y regasificación y la diversificación de la canasta minera, sectores de vital importancia para la reactivación sostenible y económica de Colombia”, señaló Masa.
Mesa Puyo es economista experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector mineroenergético, tiene más de 15 años de experiencia en entidades del sector privado y público. Fue economista del Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante dos periodos, donde lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para las industrias extractivas a más de 25 países en África, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente.
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