La cita judicial programada para las 8:05 de la mañana de hoy (viernes 17 de mayo) ha sido precedida por las declaraciones del exjefe de Estado, quien desde su residencia se pronunció sobre el caso y cuestionó las actuaciones judiciales de los últimos seis años. La controversia se remonta a la indagación abierta por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Las cuatro víctimas del caso han insistido en que el exmandatario, que renunció a su curul en el Senado y actualmente está en calidad de imputado, debe responder en juicio.
Las víctimas anticiparon que entregarán a las autoridades una grabación que consideran crucial. Esta grabación supuestamente contiene la voz del detenido testigo Juan Guillermo Monsalve junto al abogado Diego Cadena, quien habría visitado cárceles en busca de testimonios favorables para su cliente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Fiscalía ha añadido y aclarado aspectos del escrito de acusación, incorporando un nuevo cargo. Según el fiscal del caso, Gilberto Villarreal, el exjefe de Estado “sería el determinador del delito de soborno, ejecutado en las circunstancias detalladas atrás, por intermedio de Diego Javier Cadena Ramírez, sobre la testigo Hilda Jeaneth Niño Farfán”, quien es una exfiscal condenada. Lea aquí: Niegan libertad a exjefe de seguridad de Uribe por no aportar la verdad a la JEP
La acusación sostiene que el abogado Diego Cadena, bajo instrucciones de Uribe, habría realizao una entrevista con la exfiscal. “El 6 de julio de 2017 y el 18 de abril de 2018, contactó y entrevistó en la cárcel de El Buen Pastor a la Dra. Hilda Jeaneth Niño Farfán, especialmente para que rindiera testimonio falso sobre una confabulación”, expresó Villarreal.
Esta supuesta confabulación implicaría al fiscal y vicefiscal General de la Nación de entonces, Eduardo Montealegre Lynett y Jorge Fernando Perdomo Torres, respectivamente, así como a otros altos funcionarios de la Fiscalía y al magistrado José Leónidas Bustos Martínez, en un complot para acusar al hermano del expresidente, Santiago Uribe Vélez.
Además, se alega que el 9 de mayo de 2018, Cadena Ramírez prometió a Niño Farfán “dialogar con su mandante, para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del ejército donde el expresidente Uribe residía”, un beneficio que ella no había logrado obtener a pesar de una sentencia de tutela.
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Antes del inicio del juicio contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el expresidente defendió su inocencia y criticó la forma en que se ha manejado su proceso judicial.
En un extenso discurso de 23 puntos, antes del inicia de la audiencia de formulación de acusación, Uribe denunció que las garantías constitucionales no se le han aplicado debidamente. Según él, “negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme. Era la campaña electoral de 2018. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria. No me permitieron versión libre”.
Uribe afirmó que fue detenido el 4 de agosto de 2020, cinco meses después de haber sido llamado a indagatoria y once meses después de haberla realizado. “Me negaron la presunción de inocencia, el derecho de defenderme en libertad. Si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos veinticinco meses. No he sido peligro para la sociedad, no he eludido la justicia ni la he entorpecido”. Le puede interesar: Por caso Ecopetrol, Álvaro Uribe pidió “no descuidar lo nuestro”
El exmandatario también cuestionó la imparcialidad de los magistrados que llevaron su caso. Señaló que la magistrada Cristina Lombana fue apartada del caso por haber sido miembro del Ejército durante su presidencia, a pesar de no tener ninguna relación personal con él. En contraste, el magistrado Héctor Alarcón, quien se declaró víctima de interceptaciones durante el gobierno de Uribe, no fue recusado. “Sin embargo, convencido que era víctima de mi Gobierno, firmó la providencia que me restringía la libertad”, dijo Uribe.
Uribe criticó duramente a los magistrados que ordenaron su detención y resaltó supuestas irregularidades en el proceso, incluyendo interceptaciones telefónicas ilegales y filtraciones de información a periodistas. “Me interceptaron ilegalmente durante 32 días... Fui víctima de más de veinte mil interceptaciones”, afirmó.
Además, Uribe argumentó que los magistrados no practicaron pruebas esenciales para su defensa, mencionando el testimonio de ‘El Tuso’ Sierra y otros testigos clave que, según él, no fueron escuchados adecuadamente. “Horas antes de empezar este juicio, afirmo que mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, unos de ellos cercanos a la Farc, y otros colaboradores directos, o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta”.
Finalmente, el expresidente reafirmó su compromiso con la verdad y su inocencia. “Horas antes de empezar este juicio, repito ante mis compatriotas, a quienes nunca he engañado, que jamás tomé la iniciativa de buscar un testigo. En el derecho irrenunciable de defender mi honra pedí verificar múltiples informaciones sobre ofertas de beneficios a reclusos para que me acusaran”.