La Fiscalía ya tiene fecha para la imputación de cargos al excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga, quien es señalado por los presuntos delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, conductas en las que habría incurrido durante la campaña para las elecciones de 2014.
El ente acusador citó a Zuluaga y a su hijo y exgerente de campaña, David Zuluaga, para el próximo lunes 10 de julio para una comparecencia en la que se realizará la lectura de la imputación de los posibles delitos en los que habrían incurrido durante la campaña de 2014. Le puede interesar: Mindefensa pidió perdón público por un caso de falso positivo
Como prueba, la Fiscalía tiene los audios que entregó el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, quien hizo parte de la dirección de la campaña para esa contienda. En el material se escucha a Zuluaga decir que él sí tenía conocía la entrada irregular de dineros de la constructora brasileña Odebrecht a su proyecto político que ese año lo enfrentó contra el expresidente, Juan Manuel Santos, quien consiguió la reelección.
El caso Zuluaga también salpica a la exministra Cecilia Álvarez y el ente acusador informó desde el pasado 13 de junio que hay “abundante material de prueba” en contra de los implicados. Al excandidato a la Presidencia lo señalan de haberse reunido, presuntamente, en varias oportunidades con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli.
La información que maneja la Fiscalía indica que en esos encuentros habrían tenido lugar en un apartamento en el norte de Bogotá se habría pactado un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, pese a que la legislación colombiana prohibe recibir aportes de extranjeros para las campañas políticas. Lea también: ¿Preguntaron por Santos? FBI recibió visita de Daniel García Arizabaleta
De acuerdo con la Fiscalía, “las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió”.