Pese a que la intención de la Fiscalía General es precluir la investigación que se surte contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos, la decisión ahora estará en manos del juez de conocimiento que tendrá la responsabilidad no solo de escuchar los argumentos del delegado del ente acusador, sino también de las víctimas en el proceso.
Bajo ese entendido, para el penalista Iván Durango, pese a que la iniciativa de precluir la investigación es netamente de la Fiscalía y por supuesto los defensores del exsenador, el juez es quien tiene la última palabra sobre esta determinación. Una vez se instale la diligencia, el delegado de la Rama Judicial deberá tener en cuenta los argumentos de la Fiscalía, los representantes de víctimas y el Ministerio Público.
“La Fiscalía General es una parte del proceso, y como parte, está supeditada a las decisiones de un juez constitucional de la República. Entonces en ese escenario del señor expresidente Uribe, pues es simplemente una solicitud de una parte”, dijo el penalista, quien añadió que el despacho tendrá que revisar los argumentos presentados y no con base en presiones mediáticas tomar una decisión.
La misma postura tiene el también penalista Camilo Burbano, quien añadió que las víctimas, dentro de la diligencia, tendrán la capacidad de controvertir los argumentos de la Fiscalía, y con ello solicitar al juez que no se tenga en cuenta la intención del ente acusador.
Para Burbano sea cual sea la decisión las partes tendrán la potestad de apelar, y en este caso, será el Tribunal Superior de Bogotá quien decida sobre el mismo. Bajo ese entendido, sí finalmente el juez acoge la solicitud de la Fiscalía, podría existir una apelación de las víctimas, y si el delegado de la Rama Judicial desistiera de la intención del ente acusador, será este último el que apele.
Con lo anterior, el Tribunal tendrá que conocer los argumentos de ambas partes y de esa manera decidir si acoge la decisión del juez en primer instancia o si por el contrario la tumba.
Cabe mencionar que Uribe Vélez está ante los estrados judiciales por cuenta de una investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia en su contra, en 2018, porque al parecer, uno de sus abogados, Diego Cadena, habría buscado testimonios de exparamilitares condenados y recluidos en diferentes cárceles del país, con el fin que entregaran un concepto favorable sobre su supuesto nexo con grupos al margen de la ley.
El proceso que ahora está en manos de la Fiscalía, tras su renuncia al Congreso de la República ha tenido varias etapas, entre ellas, una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, un aval para que la indagatoria practicada en la Corte sea tenida en cuenta como imputación de cargos, una tutela para tumbar esa condición, entre otras actuaciones que dejan un panorama de insatisfacción para las víctimas en el proceso, quienes este viernes expresaron su intención que denunciar por prevaricato al fiscal del caso Gabriel Jaimes.
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