La magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que, por el momento, serán alrededor de 5.064 personas quienes recibirán el beneficio de excarcelación que reposa en el decreto 546 con el que el Gobierno Nacional pretende mitigar la propagación del COVID-19 en las cárceles del país.
Entre otras cosas, la magistrada resaltó la labor de los jueces y magistrados en época de pandemia y la manera cómo le han hecho frente a la situación.
Expedido el decreto de excarcelación ¿cómo se ha preparado la corporación para dicha contingencia?
La Rama Judicial viene preparándose incluso desde antes de que fuera expedido el Decreto Legislativo 546 de 2020, para responder eficazmente en el marco de nuestra capacidad institucional.
Partimos de los datos de los posibles beneficiarios de las medidas domiciliarias transitorias identificados inicialmente por el INPEC. En total se trataría de un poco más de 5 mil personas identificadas como eventuales beneficiarias, la mayoría se trata de personas con condena en firme bajo la causal de haber cumplido el 40% de la pena. Es decir, la mayoría de las solicitudes deben ser decididas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que en total en el país son 155.
A partir de allí se adelantó un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el INPEC, la Fiscalía y la Policía Nacional con el fin de acordar un protocolo operativo para darle cumplimiento a las disposiciones del Decreto y al mismo tiempo optimizar la capacidad institucional de los jueces para responder de manera adecuada la eventual demanda.
En dicho protocolo se establecieron varias reglas operativas como: la verificación por parte de cada establecimiento de reclusión de que los potenciales beneficiarios cumplan con los requisitos objetivos que establece el decreto y que no se encuentren en las exclusiones allí establecidas.
La elaboración por cada establecimiento de reclusión de listas de beneficiarios con cumplimiento de requisitos y varios envíos graduales a los jueces, con el fin de evitar un cúmulo desbordado de solicitudes que exceda la capacidad de respuesta oportuna de los jueces. Se estipuló además que el término entre cada envío de listas por parte de los establecimientos a la Rama Judicial se irá coordinando por cada Consejo Seccional de la Judicatura con los establecimientos carcelarios que corresponda.
Se definieron otras reglas operativas como el uso de los correos electrónicos institucionales tanto de la Rama Judicial y del INPEC para el envío y trámite de las solicitudes y la fijación de horarios para su recepción. Creemos que el cumplimiento de estas disposiciones operativas y la debida articulación interinstitucional permitirán una oportuna respuesta de los jueces.
En todo caso se debe tener en cuenta que durante la semana pasada se inició el envío de solicitudes y aún estamos en proceso de consolidar el número efectivamente recibido, pues llegan desde cada centro carcelario a centros de servicios y despachos judiciales en todo el país. También deberemos verificar si la información está llegando de la manera en que se acordó y si se envía cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto y el protocolo, esperamos que así sea para poder atender a las expectativas de los beneficiarios de las medidas.
¿Con la pandemia, prácticamente al país le tocó reinventarse para seguir funcionando, ¿desde el Consejo Superior de la Judicatura ha sido difícil esa transformación que se tuvo que hacer de manera rápida?
Ha sido un reto adaptarnos a esta situación totalmente imprevisible. No obstante, la crisis nos ha permitido encontrar fortalezas y hemos logrado que los procesos prioritarios se mantengan funcionando aprovechando al máximo los recursos con que cuenta la Rama Judicial. El objetivo desde un principio ha sido el de proteger la salud de los servidores judiciales, de los abogados y de los usuarios de la justicia y creo que ese objetivo se está cumpliendo con las medidas que se han adoptado.
¿Estaba preparada la justicia para seguir funcionando en época de crisis?
Logramos seguir funcionando a pesar del poco tiempo con que se contó para establecer una operación en contingencia. Hoy tenemos a los servidores judiciales trabajando desde las casas con muy contadas excepciones y estamos utilizando videoconferencias para la realización de audiencias penales y recibiendo solicitudes de tutela a través de correos electrónicos. Esta situación ha forzado la apropiación de estas herramientas que se utilizaban sólo puntualmente.
¿Qué tan difícil ha sido para los jueces y magistrados sesionar o realizar audiencias virtuales desde sus casas?
Hemos logrado, poco a poco, encontrar puntos de equilibrio para adaptarnos a esas nuevas formas de trabajo desde la casa, apoyados de manera más directa en la tecnología. Hoy puedo decir que en el país el desarrollo de audiencias virtuales ha sido satisfactorio, pero no puedo negar el sinfín de dificultades con las que nos hemos encontrado, como falta de coordinación entre las partes, la mayor o menor familiaridad con la tecnología, las condiciones técnicas o de conectividad en los hogares o lugares de conexión, entre otras.
¿Tenían los mecanismos para hacer el paso a lo virtual o tuvieron que invertir en algunos elementos?
En principio la Rama Judicial ya contaba con mecanismos y herramientas para asegurar las audiencias virtuales y otras interacciones por medios electrónicos.
Desde hace algunos años, la Rama Judicial cuenta con un servicio institucional para audiencias virtuales que cumple parámetros de seguridad de la información, grabación y almacenamiento de las audiencias. Igualmente, se han venido utilizando de manera masiva los servicios asociados al correo electrónico institucional que la Rama Judicial tiene contratado desde hace tiempo, que permiten igualmente, con mecanismos seguros, la realización de reuniones o conferencias virtuales, el almacenamiento de información, trabajar en documentos compartidos, entre otros.
Lo que sí hemos tenido que intensificar en esta coyuntura son los servicios para el agendamiento, el soporte técnico para garantizar el funcionamiento y resolver incidencias, así como las capacitaciones virtuales para impulsar el uso y apropiación de las herramientas. Además, nos encontramos analizando otra serie de alternativas tecnológicas que permitan responder a situaciones específicas, que además se enmarcan en el proceso de transformación digital que viene definiendo la Rama Judicial.
¿Cuántas audiencias de garantías y conocimiento se adelantan en un día?
Entre el 30 de marzo y el 3 de abril a nivel nacional se realizaron 4.529 audiencias penales de control de garantías y de conocimiento de las cuales 2.257, esto es el 48%, fueron audiencias de conocimiento con privados de la libertad, 951 de control posterior de legalidad, 760 audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención, 328 de prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento y 333 de libertad por vencimiento de términos. En promedio, diariamente se están realizando 906 audiencias.
¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para realizar las audiencias?
Se realiza el agendamiento de la audiencia virtual por parte del funcionario de la Rama Judicial con la inclusión de las demás partes o intervinientes, quienes reciben un código de identificación (ID) único para unirse a la sesión. O si se usan herramientas institucionales alternas como Teams, se convoca a la sesión desde esa plataforma.
Cada participante desde el lugar en el que se encuentre, bajo unas condiciones mínimas de conectividad, cámara y micrófono, interactúa virtualmente bajo la dirección del juez, quien señala las reglas o parámetros de desarrollo de la audiencia. Las audiencias quedan grabadas y almacenadas en sitios seguros en la nube, para su posterior consulta.
La reforma a la justicia de la que tanto se ha hablado hubiese sido útil en este momento ¿habría servido en algo para alivianar las cargas que tiene la justicia hoy en día, casi trabajando a media marcha?
La reforma a la justicia que el Consejo Superior ha planteado y quiere sacar adelante es una reforma de la ley estatutaria y cubre muchos aspectos que facilitarían la capacidad de respuesta del poder judicial en condiciones ordinarias y por supuesto también ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo.
Por ejemplo, tendríamos una mayor capacidad de operación desde lo administrativo, concretaríamos la autonomía presupuestal, estaría fortalecida la carrera administrativa, tendríamos equilibrada la oferta y demanda de justicia, se modernizaría el aparato administrativo que respalda el funcionamiento de todas las jurisdicciones. Estos y otros son aspectos claves en el día a día de la justicia y en la capacidad de respuesta que se exige de la Rama Judicial.
En caso que se extienda la cuarentena hasta junio como lo han mencionado algunos dirigentes, ¿qué le preocupa en materia de justicia al Consejo?
Estamos preparándonos para un escenario en que las medidas de aislamiento se prolonguen y para ello analizamos qué tipo de actuaciones se pueden adelantar trabajando desde la casa, utilizando las herramientas con las que ya contamos pero también revisando qué condiciones debemos ir generando para optimizar la capacidad institucional y responder a la necesidad de movilizar todo el aparato de justicia. Aprovecharemos estas semanas para ir en ese camino de manera responsable y segura.
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