Colombia


Exmando militar de Ecuador será juzgado por torturas a refugiados colombianos

Se le acusa de torturar en 1995 a cuatro colombianos que supuestamente planeaban un atentado contra Ernesto Samper, presidente de Colombia en ese entonces.

COLPRENSA

05 de diciembre de 2023 09:24 AM

Un antiguo jefe de la Inteligencia militar ecuatoriana será juzgado por “graves violaciones a los Derechos Humanos” vinculados a la detención ilegal de cuatro refugiados colombianos en el año 1995, supuestamente para intentar que confesaran un plan para atentar contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper.

Los arrestos se produjeron en agosto de 1995, cuando militares al servicio del entonces comandante teniente coronel de Estado Mayor, identificado como Lenin A. O. en un comunicado por la Fiscalía, sacaron de sus domicilios y lugares trabajo a los cuatro refugiados, a los que trasladaron a los sótanos del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar para mantenerlos incomunicados. Lea aquí: Justicia Penal abre investigación a sargento que agredió a mujer soldado

Los agentes cometieron torturas que “consistían en la aplicación de electricidad en el cuerpo, golpes, ahogamiento con la colocación de fundas plásticas con gas en la cabeza y sumersión, amenazas de muerte a las víctimas y a sus familiares, amenazas de violación a las víctimas y sus familiares, desnudez obligada, simulación de ejecución, colocación de cal en los oídos y ojos, ingesta de papel, entre otras”. Lea aquí: Presidente Petro reconoce que no ha podido reducir masacres en el país

Después de cinco días de abusos, y al no lograr la “autoinculpación”, Lenin A. O. entregó a las cuatro víctimas a la Policía de Pichincha para procediese a su expulsión del país.

El acusado figura en la causa que ahora se inicia como presunto autor de los delitos de “privación ilegal de la libertad y tortura”, que no prescribirían de acuerdo al Derecho Internacional y son de “obligado cumplimiento en Ecuador, según el Ministerio Público.

Las autoridades judiciales han ordenado la retención de las cuentas bancarias del acusado y le han prohibido realizar cualquier posible acto de persecución o intimidación a las víctimas y a sus familiares, de forma directa o a través de terceras personas.

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