El recibimiento de la excongresista Aída Merlano –quien fue deportada desde Venezuela el pasado viernes– enfrentó al fiscal general Francisco Barbosa y al director genera de la Policía Nacional.
Tras calificar el recibimiento de Merlano como un “espectáculo grotesco” y una “vergüenza” para los miembros de la Dijín, Barbosa citó al general Henry Sanabria para que explique “el trato y la actuación” de sus policías con la exsenadora, quien se mantuvo prófuga de la justicia durante los últimos tres años. Lea aquí: Gobierno Petro abre proceso de paz con las disidencias de Iván Mordisco
Y aseveró que él, como jefe de la policía judicial de Colombia, puede “pedir una explicación de lo que ocurrió el día viernes en Colombia con ese recibimiento apoteósico que se le dio a la prófuga”.
Aída Merlano aterrizó en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, deportada desde Venezuela, país en el que estuvo prófuga de la justicia desde 2019, cuando se escapó de un consultorio odontológico de la capital.
Tras llegar a Colombia, la excongresista fue recibida con saludos calurosos del personal de la Policía Nacional y con una cercanía que, para muchos, se salió de lo habitual.
Incluso, Aída Merlano tuvo la oportunidad de dar una rueda de prensa a medios minutos antes de ser trasladada a la cárcel del Buen Pastor, un hecho que el fiscal también criticó. Lea aquí: Galería: así es la celda de Aída Merlano en El Buen Pastor
Por esos hechos, Barbosa ya había criticado el accionar de los uniformados diciendo que era “lamentable que hayan recibido a una prófuga de la justicia como si tuviera alguna serie de privilegios (...) Uno no entiende cómo la Dijín de la Policía se presta para un espectáculo tan grotesco, como el que vimos hace unos días”.
Actualmente, en contra de la exsenadora pesan dos condenas de la Corte Suprema: una de 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego y otra de 5 años y 6 meses de prisión como coautora del delito de violación de límites de gastos en campañas electorales.