Por irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto de Mocoa, Putumayo, tras cerca de seis años después de la avalancha que arrasó con la ciudad, la Contraloría General de la Nación inició un proceso de responsabilidad fiscal por 21.000 millones de pesos.

A la fecha, el contrato presenta incumplimiento y no presta servicio a la comunidad. Al mismo tiempo, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño al patrimonio público por $1.575 millones en la construcción de las obras de mitigación sobre el río Sangoyaco. Lea también: Salen a relucir nuevamente denuncias de acoso sexual contra asesor de Minsalud

Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares y se vinculó a los aseguradores como terceros civilmente responsables.

De igual manera, se realizaron cambios en las especificaciones técnicas de materiales diferentes a los contratados, lo que determinó un mayor costo que pone en riesgo la ejecución de todas las cantidades de obra contratadas.

Por otro lado, la Contraloría General inició el día 31 de enero de 2023 una Indagación Preliminar por las irregularidades evidenciadas en la ejecución del Convenio que se firmó para la reconstrucción de viviendas por un valor de $53.646 millones. Lea también: ¿Se quedan? Así concluyó reunión de MinTransporte con miembros de plataformas

Esto porque la entidad encontró que solamente se ha ejecutado a la fecha un 5% del total de la obra, afectando de esta forma a 909 familias con un retraso injustificado de más de 5 años.

“El valor inicial del daño del presunto daño al patrimonio público por esta situación llega a $5.748 millones, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa”, explicó la entidad.