Una accidentada audiencia la que se vivió en la tarde de este jueves en la que se definía la medida de aseguramiento en contra del capitán del Inpec David Alexánder Álvarez Cárdenas, procesado por el caso de la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo. El despacho judicial consideró que el uniformado era acreedor de una medida de aseguramiento en prisión y no accedió a la petición de que fuera detención domiciliaria.
Así las cosas, se convierte en el primer capturado en ser enviado a prisión por la fuga de Merlano, ocurrida el pasado primero de octubre, fecha desde la que no se tienen pistas del paradero de la excongresista conservadora condenada a 15 años de prisión por delitos electorales, según sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la que además se pidió investigar a varios barones electorales de la Costa.
Álvarez se convierte en el primer detenido en ser llevado a prisión por este caso que ya cobró las cabezas del director del Inpec, general William Ruiz, y de la directora del penal, Diana Muñoz. Los otros dos detenidos, Aída Victoria Merlano, hija de la prófuga, y el dentista Javier Guillermo Cely se defenderán en libertad por decisión proferida por la jueza 12 el pasado martes.
ASÍ FUE LA DILIGENCIA
La diligencia estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero hubo necesidad de cambio de sala por cuenta de la cantidad de guardianes del Inpec que, vestidos de civil, llegaron hasta el complejo judicial de Paloquemao para apoyar al funcionario que tiene líos con la justicia.
A eso se sumó la negativa de la jueza 70 para que se transmitiera la audiencia en la sala de prensa, pese a que todo fue acondicionado para que así se hiciera.
Con todo y retrasos la sesión inició a las 4:30 de la tarde con la exposición del delegado de la Fiscalía, que enfatizó que para el día de la fuga de Merlano Rebolledo el capitán Álvarez estaba de vacaciones y que, pese a ello, dio la orden de que se hiciera el traslado de la excongresista conservadora a la cita odontológica.
Las órdenes las impartió vía radio luego de que desde la penitenciaria de El Buen Pastor le dijeron que no había personal para acompañar el traslado, a lo que el capitán Álvarez dispuso de un esquema que no era acorde a la categoría de seguridad que requería la interna.
Trajo a colación el delgado de la Fiscalía una serie de testimonios de otros uniformados que señalaron bajo la gravedad de juramento que era evidente el trato preferencial que Álvarez le prodigaba a Merlano, después de que la excongresista había anunciado una demanda en contra del uniformado por, según una queja que interpuso, en la que aseguraba que era víctima de los malos tratos.
Para la Fiscalía, si Álvarez permanecía en libertad puede obstruir la justicia e influir en los testigos, por lo que lo consideró un peligro para la comunidad, por cuanto hay peligro de continuación de la actividad delictiva. Añadió que existe el riesgo de que no comparezca a los posteriores llamados que le haga la justicia. La petición fue avalada por el delgado de la Procuraduría.
Esta fue una de las consideraciones del despacho que reseñó que debido a su grado y poder podía influir en testigos y pruebas que eran vitales para el proceso, justamente uno de los argumentos expuestos por el ente acusador.
A su turno, José Gregorio Beltrán, abogado de Álvarez, dijo ante el estrado que “la Fiscalía no trajo elementos materiales probatorios que demuestren el peligro de obstrucción de la justicia”, y que “hay declaraciones contradictorias entre los testigos”.
Álvarez Cárdenas es procesado por los delitos de prevaricato y favorecimiento de fuga, cargos que no aceptó ante la jueza.
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