La Contraloría y la Procuraduría General tienen en jaque al actual director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima.
Este lunes se conoció que la Contraloría General de la República halló un presunto daño fiscal por 5.364 millones de pesos, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía a través del Fondo Rotatorio de la entidad en la construcción de 51 casas fiscales.
De acuerdo con el órgano de control, las casas no fueron terminadas en su totalidad y no cuentan con condiciones de habitabilidad, esto sumado a que las debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda fase del proyecto denominado ‘Ciudadela Policial Cenop’, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por lo que no existían los recursos para finalizarla.
Las investigaciones revelaron que las viviendas inconclusas estaban destinadas para familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones en el territorio nacional, contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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LAS CIFRAS
Lo que pudo establecer la Contraloría es que parte del posible detrimento patrimonial hallado corresponde a lo invertido en la obra, que ronda los 5132 millones de pesos, y el resto a la interventoría, que son alrededor de 231 millones de pesos.
Los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda., y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Lo que llama la atención de la Contraloría, es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas tres días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.
Dichas prorrogas se registraron de la siguiente manera: el 31 de diciembre de 2012 por seis meses, hasta el 30 de junio de 2013; el 28 de junio de 2013 por cuatro meses, hasta 28 de octubre de 2013; el 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014; y el 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014.
La Contraloría en su análisis estableció que el detrimento fue superior a los 5000 millones de pesos y que fue la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional la que estableció la necesidad de construir dichas viviendas.
Para este efecto, la Policía y el Fondo Rotatorio de la Policía (Forpo), gestionaron y destinaron un total de 7000 millones de pesos, de los cuales 6697 millones eran para la obra y 302 millones para interventoría. Para esto se celebraron dos contratos en diciembre de 2012.
Concluyó la Contraloría que las evidencias dan cuenta que tanto en la etapa de planeación como en la de ejecución, ocasionaron la desfinanciación de la obra y al no existir recursos para terminarla decidieron dejarla inconclusa.
La obra está abandonada hace aproximadamente cuatro años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión.
LO DISCIPLINARIO
Por los mismos hechos, en marzo pasado la Procuraduría General citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a Atehortúa. Allí le endilgaron cuatro cargos por las aparentes faltas en el trámite que dieron lugar a las acciones disciplinarias cuando ocupó la Inspección General, en el que se generó una supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.
En el primer cargo, el Ministerio Público le cuestionó que en calidad de director general del Fondo Rotatorio hubiese estado incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, a juicio de la Procuraduría, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la calidad del objeto contratado.
El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario número P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominado Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.
El tercer cargo que pesa sobre Atehortúa es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.
En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.
La Procuraduría calificó los cargos a título de dolo y dio trasladó de dicho material probatorio a la Fiscalía General, para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.
Si bien, hasta el momento no ha sonado una posible renuncia por parte del general, los ánimos están tensos al interior de la institución, pues en una carta dirigida al presidente Iván Duque, el general Juan Carlos Buitrago, quien estaba adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) pidió su baja argumentando que los “principios no se negocian”. El retiro del general de la institución no tiene relación con las investigaciones que reposan en contra de Atehortúa.
Ha trascendido que su intención de dejar la institución se registró luego de un operativo realizado en Valle del Cauca, que dejó la incautación de armas que habrían estado vinculadas con la muerte de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, quien fue asesinada en plena época preelectoral.