En las últimas horas, el país conoció la captura del senador de Cambio Radical Richard Aguilar, luego de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, que lo sindica como presunto determinador de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propia y de terceros.
Tras la detención, el senador permanece en el búnker de la Fiscalía, hasta que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), designe un centro de detención al cual será remitido.
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El congresista, tras la captura, confirmó su renuncia al Congreso de la República y en una carta enviada al presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, aseguró que la decisión “obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”.
Con la renuncia, lo que busca la defensa de Aguilar es que el proceso de investigación pase a manos de la Fiscalía, pues según se expondrá, los hechos por los que investigan al senador ocurrieron de 2014 a 2015, cuando fue gobernador del departamento de Santander, por lo que las presuntas actuaciones no tendrían nada que ver con su actividad como congresista.
El penalista Camilo Iván Pizza, en conversación con COLPRENSA, explica que el proceso de investigación sí podría terminar en manos de la Fiscalía, pero el juzgamiento del caso seguirá estando en manos de la Corte Suprema de Justicia, que también es la entidad que juzga a los gobernadores.
“El fuero Constitucional señala que cuando se es congresista, investiga la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y juzga la Sala de Juzgamiento, que si bien son dos salas separadas, siguen siendo la misma Corte. Cuando se es gobernador (como pasa con Aguilar cuando ocurrieron los hechos), esto implica que investiga la Fiscalía General de la Nación y acusa ante la Corte Suprema, es decir, quien juzga es la Corte, pero investiga la Fiscalía”.
El abogado agrega que “ahora, al renunciar, la Corte no puede seguirlo investigando, lo tendrá que investigar la Fiscalía, porque los hechos ocurrieron cuando él era gobernador. Eso significa que sigue juzgando la Corte, pero posiblemente cambiará el investigador. Ahora investigaría la Fiscalía, porque él ya no ostenta el título de congresista...”.
El senado deberá definir si acepta la argumentación de Aguilar y si le dan el sí a su renuncia. Luego, la Corte tendrá que entrar a revisar la competencia y allí se define si el proceso continúa en esta instancia o si se remite todo el proceso a la Fiscalía.
¿POR QUÉ ACUSA LA CORTE A AGUILAR?
Este proceso se abrió el pasado 20 de mayo, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Aguilar por posibles irregularidades en contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando fue gobernador de Santander.
Presuntamente, el congresista realizó una adjudicación de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además, lo acusaron de peculado e interés ilícito en celebración de contratos y, adicionalmente, de la comisión de delitos contra la administración pública.
El senador es investigado puntualmente por un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.
El 5 de diciembre de 2014, la gobernación, a través de la secretaria de Infraestructura, publicó el aviso de licitación pública para el reforzamiento estructural y adecuación del estadio, el coliseo Vicente Díaz y José Antonio Galán, así como las piscinas olímpicas. Esto por un valor de 15.000 millones de pesos.
El 30 de enero de 2015 el contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015, constituida por las empresas Ingream SAS, Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander y Argeu S.A, cuatro meses después, la entidad giró un anticipo del 40 %, es decir, por 6.111 millones de pesos. Luego se hizo una adición por 6.748 millones de pesos.
En este contrato, Aguilar supuestamente pidió una coima del 10 % del negocio. En total, dijo la Corte, Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de 2.400 millones de pesos producto de “coimas”, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de 3.500 millones pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015, para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.
Se conoció que Claudia Toledo, exasesora y secretaria de infraestructura durante la gobernación de Aguilar, aseguró ante la Corte que existía una red de corrupción, en la que incluso ella se vio envuelta. Sobre dicha red, también tiene el testimonio de Lenín Darío Pardo, esposo de Toledo, quien también resultó salpicado en la investigación.
A Aguilar se le investiga por otro contrato en la interventoría de esa obra, por tres contratos de obras viales en 2014 y por un contrato en el suministro de Alimentación Escolar en ese mismo año, todos por un valor que asciende a 478.000 millones de pesos.
En estos contratos, el senador habría recomendado a dos empresas para que fueran las que se quedaran con los negocios.
También se resalta un contrato de propiedad de Reynaldo Bohórquez, quien estaba detrás de la construcción del tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca, y otro contrato para la construcción del corredor vial entre San Gil y Charalá.
Según la Corte, la adjudicación de los contratos se trató “de un plan gestado desde el inicio de su mandato para satisfacer intereses personales, direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de un staff de secretarios y asesores. Para ello, se modificó la normatividad relacionada con la contratación estatal, se expidió un nuevo manual al respecto y se creó un comité asesor que tenía la facultad de revisar y aprobar procesos licitatorios”.
LOS SALPICADOS
Por este mismo proceso, la Corte Suprema abrió una investigación formal, el pasado 21 de junio, en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros Archila, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares, cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
El representante tendrá que rendir indagatoria por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Estas investigaciones son derivadas del proceso que se adelanta contra el senador Richard Aguilar, luego que los testigos contra el senador, señalaran que Ballesteros también participó en los hechos de corrupción, por lo que el CTI de la Fiscalía tendrá que realizar un análisis de los contratos presuntamente irregulares que se celebraron en Norte de Santander.
Dentro de los contratos que se presentaron está una consultoría entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la firma Ingream SAS, por más de 1.188 millones de pesos en 2014, para las obras de rehabilitación y mantenimiento del acueducto del municipio de Sucre.
Así mismo, se tendrán que demostrar las presuntas irregularidades en el contrato firmado con la empresa Unión Temporal Enciso Potable, por valor de 471 millones de pesos.
La alta Corte también investiga si Ballesteros tuvo que ver en actuaciones aparentemente irregulares en el contrato celebrado en diciembre de 2015, con la Unión Temporal Acueducto de Landazuri.
En dicha contratación, los investigadores encontraron en una inspección realizada en marzo de este año, que la obra fue suspendida y abandonada, después de recibir un anticipo de 1.738 millones de pesos.
Así mismo, se estudia un supuesto acuerdo entre Ballesteros con Richard Aguilar, en el que se habría comprometido a entregar los contratos de obras de los acueductos de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, por el que habrían recibido la suma de 600 millones de pesos.
LOS TESTIGOS
Luego de que la Fiscalía firmara un principio de oportunidad, solicitado por Claudia Yaneth Toledo y Lenin Darío Pardo, esposo de Claudia Toledo y contratista de la Gobernación, estos funcionarios denunciaron los hechos de corrupción en los que habría participado el senador Aguilar.
Según la pareja, Aguilar adjudicaba de manera irregular los contratos y habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación, favorecer y entregar esos proyectos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él, presuntamente, usando de enlace a un contratista de Santander conocido como Julián Jaramillo.
Toledo está siendo investigada por los delitos de celebración indebida de contratos y concierto para delinquir; en el caso de Lenin Pardo, la Fiscalía lo procesa por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar o recibir.
Los esposos colaboran con la justicia y fueron quienes delataron a Aguilar de su accionar ante la justicia.
Así entonces, dentro de los compromisos que deben cumplir para mantener el principio de oportunidad, Claudia Toledo y Lenin Pardo deberán servir como testigos contra el senador Richard Aguilar en todo este proceso.
Ambos aseguran que Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y contratistas con los que, siguiendo instrucciones, Lenin Pardo y Julián Jaramillo, funcionarios de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que le corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos, el senador Richard Aguilar.
Así mismo, la pareja de esposos deberá testificar y aportar las correspondientes pruebas en contra del representante a la Cámara Edwin Ballesteros, y la presunta red de corrupción para celebrar contratos de construcción de acueductos y alcantarillados públicos desde la Esant.
En el proceso contra Julián Jaramillo, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa, Claudia Toledo y Lenin Pardo se comprometieron con la Fiscalía a servir como testigos en su contra.
Según el relato de Toledo y Pardo, Jaramillo, como Director de Proyectos de Infraestructura, sería el encargado de dirigir el “combo de Infraestructura”, para ajustar los pliegos de los procesos licitatorios a favor de los contratistas que ellos necesitaban que ganaran.
Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el ‘Carrusel de contratos en el Imebú’, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo.
“Sobre Julián Jaramillo los aspirantes deberán corroborar su versión, según la cual él era el funcionario que al parecer manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones del exgobernador y, en consecuencia, acordaba y recibía de los contratistas los porcentajes que le correspondían al senador Richard Aguilar”, puntualizó la Fiscalía.
Claudia Toledo también afirma que el exgobernador Aguilar la presionó, para que le adjudicara el Corredor vial San Gil-Charalá-Límites, a la empresa que señalara Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, (papá de Richard Aguilar).
OTROS INVESTIGADOS
La Fiscalía investiga a varios de los funcionarios más cercanos al senador Richard Aguilar. Revisan el grado de responsabilidad de Felipe Villamil, un contratista que pasó de ser un instructor del Indersantander a convertirse en asesor de despacho de Aguilar Villa.
Villamil tendría injerencia en el direccionamiento de contratos en otras secretarías de la Gobernación, diferentes a las obras públicas que manejaba Jaramillo desde Infraestructura.
Así mismo, la Fiscalía también tiene bajo la lupa a Raúl Cardozo Navas, exgerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, quien por orden de Richard Aguilar, habría direccionado millonarios contratos de alcantarillado.
A pesar de la carga probatoria, Aguilar niega haber participado en estos hechos y asegura que el afán de obtener beneficios judiciales por parte de los involucrados, fue lo que llevó a que hicieran declaraciones “incoherentes”.