Luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el escrito de acusación con el que Nicolás Petro Burgos será llevado a juicio, el caso contra el hijo del presidente dio un giro completo en el que ya tiene asignado un juez de la República.
A escasas horas de que se conociera que Nicolás no quiso seguir colaborando con la justicia y que, por ende, la Fiscalía lo acusará formalmente, también se dio a conocer que el togado que decidirá en el caso es el juez del Circuito Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza. Lea aquí: Caso Nicolás Petro: Day Vásquez sí firmará principio de oportunidad
Ese nombre es clave porque la defensa del exdiputado del Atlántico había solicitado desde este lunes que asignaran un “juez independendiente” para llevar el caso. Esto último siguiendo con la retórica que ha usado ese equipo de abogados para insistir en que, supuestamente, hay una persecución del fiscal general, Francisco Barbosa, para atacar a Nicolás y a su padre, el jefe de Estado.
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La trayectoria del juez
Pese a que Hugo Carbonó ha sido un hombre de bajo perfil y poco mediático, se sabe que llegó a ser candidato para Fiscal General de la Nación durante 2016, cuando fueron postulados 113 candidatos entre los que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que elegir su terna. Lea aquí: Atención: Gustavo Petro cambió su terna para fiscal General
Durante su carrera como abogado, Carbonó Ariza ha sido defensor del exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan José Acosta, acusado por hechos de corrupción dentro de dicha Alma Máter; y de Johana Hildebrandt Royo, exvicerectora financiera de la Universidad Autónoma señalada de desviar fondos de dicha entidad educativa.
Así las cosas, será ese juez especializado de Barranquilla el que se encargará de decidir en el escandaloso caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el que fue capturado e imputado el exdiputado del Atlántico.
Sobre esos delitos, el propio Nicolás Petro reconoció que sí recibió millonarias sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra y el empresario Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca.
Precisamente por esa serie de declaraciones en las que el hijo del presidente admitía los hechos, la Fiscalía tuvo la intención de llegar a un preacuerdo con él en el que recibiría rebajas de penas y otros beneficios jurídicos a cambio de delatar a otras personas implicadas en los supuestos líos de corrupción.
Pese a eso, Petro Burgos dejó de colaborar con la justicia y nunca entregó los nombres y pruebas que se había comprometido a asumir para firmar ese principio de oportunidad.