El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que el Gobierno Nacional no comparte el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia en el 2019.
Así lo señaló desde el Congreso Nacional de Municipios, que se hace en Cartagena, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala.
Aseguró que el informe de la ONU contiene afirmaciones que atacan la legitimidad de las instituciones en el país.
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“El Gobierno de Colombia valora y toma atenta nota de las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de las Naciones Unidas y actúa para generar condiciones que garanticen el disfrute de los derechos de todos los habitantes de Colombia. No obstante lo anterior, este año el Gobierno nacional ve con profunda sorpresa y extrañeza que el Informe sobre situación de Derechos Humanos en Colombia correspondiente al periodo 2019 contiene afirmaciones que atacan la legitimidad de las instituciones, que son imprecisas y que, al parecer, desbordan el mandato que ha suscrito el Gobierno con la Oficina de Alta Comisionada de DDHH”, dijo.
Agregó que: “El nivel y constancia de la interlocución entre la Oficina y el Gobierno no se traducen en el contenido del informe. La observación en terreno que hace la oficina les permite conocer de primera mano la complejidad del contexto en los territorios y los esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad y derechos humanos. Sin embargo, el documento no los refleja con la objetividad exigida por el mandato”.
También indicó que el señalar que el Ejército realiza operaciones de seguridad ciudadana constituye un ejemplo de ese desconocimiento del contexto colombiano.
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“El control militar que realizan las Fuerzas Militares se da dentro del mandato constitucional y legal asignado y con estricto apego a los estándares que regula el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Afirmar que ciertos grupos armados organizados no reúnen las condiciones para ser objeto de la aplicación de la fuerza en el marco del DIH, pasa por alto los criterios objetivos que para este efecto ha señalado la normativa humanitaria, y que fueron recogidos de manera rigurosa en directivas ministeriales ampliamente conocidas por la Oficina, además de desconocer el proceso militar y policial de toma de decisiones que es parte de la doctrina de la Fuerza Pública para asegurar que el uso de la fuerza se ajusta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, expresó.
Además, indicó que el informe, al parecer, podría exceder el mandato al hacer valoraciones subjetivas sin elementos de juicio sobre operaciones militares y procedimientos de policía, desconociendo el contexto operacional y la información de inteligencia que se surte para estos efectos.
“Las valoraciones sobre el planeamiento y desarrollo de las operaciones de la Fuerza Pública corresponden a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes de acuerdo con prueba técnico científica. Desconcierta también la referencia en el informe a un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el control de actos vandálicos y delincuenciales.
“El informe contiene apreciaciones subjetivas respecto de la doctrina y los protocolos que rigen el uso de la fuerza en estas situaciones desconociendo que los mismos han sido construidos con fundamento en el marco internacional de referencia de Naciones Unidas”, concluyó.
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