Colombia


ONU: 76 masacres en Colombia en 2020

La Organización de Naciones Unidas informa que es el mayor número de estos actos violentos registrado desde el 2014.

COLPRENSA

23 de febrero de 2021 01:12 PM

Este martes, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, dio a conocer el informe anual sobre la situación de derechos Humanos en Colombia que se presentará el próximo 25 de febrero ante el pleno de la organización en en Ginebra, Suiza. Según el informe, el 2020 es el año con la cifra más alta de masacres registrada en Colombia desde 2014: 76 y 5 más que están en proceso de documentación.

“El informe de la Alta Comisionada subraya la grave situación de violencia que está afectando algunos territorios, comunidades, municipios y departamentos del país. A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, pasando de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes, en varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos”, indica el documento.

Y agrega que “en el 2020, nuestra oficina documentó 76 masacres y seguimos documentando otros 5 casos. Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”.

Además, el documento indica que la Alta Comisionada para la defensa de los derechos humanos “recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el 2020; 67 por ciento de las víctimas fueron hombres, 26 por ciento fueron mujeres: mientras que dos por ciento pertenecían a la población LGBTI”.

Según las estadísticas “el 44 por ciento de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14 por ciento en Bogotá; y el 42 por ciento en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos indica que la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas, y nuestra Oficina documentó dos casos de homicidios de periodistas”.

Además el documento indica que “según nuestras cifras, actualizadas al 22 de febrero, en el 2020 la oficina recibió información sobre 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a corte de 22 de febrero, se verificó 90 casos, no se pudo verificar 18 y continuamos verificando 25 casos adicionales”.

La oficina advierte que “esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo. Estos casos nos permiten evidenciar tendencias y poder hacer recomendaciones constructivas al Estado colombiano en materia de protección. Otras cifras muestran una tendencia al aumento. Según la Defensoría del Pueblo, 182 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2020 (134 en 2019), mientras que Somos Defensores ha registrado 159 víctimas”.

Para la representante del organismo internacional “los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 81 por ciento de los casos ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; 82 por ciento en zonas rurales; 93 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 92 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica”.

Además, la Alta comisionada asegura que hay preocupación “por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y reitera la urgencia de adoptar dicha política a través de la Comisión de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz”.

Frente a los asesinatos de los firmantes del acuerdo de Paz la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) “verificó el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016”.

Así mismo, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “la violencia en varios territorios habría causado en 2020, 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Y personas 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales”.

JEP

La oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a las entidades del Estado para “aportar urgentemente la más amplia y pormenorizada información a la Comisión de la Verdad. Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia, la principal de ellas es la capacidad que tenga la sociedad y el Estado de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”.

Así mismo, la oficina indica que le preocupan “las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del Sistema Integral, poniéndolas en riesgo. La abolición propuesta de la JEP en reformas legislativas presentados en el Congreso en octubre de 2020 constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Además, muestra su beneplácito “frente a los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como “falsos positivos”, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”. Celebró también la reciente decisión de la Jurisdicción Especial de imputar al ex Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes. Aprovecho esta oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”.

Operaciones policiales

Según señala el informe, “la oficina recibió información sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas, incluyendo incidentes de uso excesivo de la fuerza en Bogotá el 8 y 9 de septiembre”.

Y agrega que “en todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones. La Alta Comisionada llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece su asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos, en línea con la decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020, y a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso”.

Según el informe “ratificamos con plena disposición para asesorar en el respeto de las normas y estándares internacionales sobre el derecho a la protesta pacífica, ya que consideramos que el respeto y la garantía de este derecho permitirá la ampliación del espacio democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.