Colombia


Palacio de Justicia: 35 años sin verdad y sin respuestas a lo que ocurrió

Los familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia siguen clamando la verdad sobre lo ocurrido en esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985.

COLPRENSA

06 de noviembre de 2020 06:15 PM

“Necesitamos la verdad para cicatrizar las heridas”, fue lo que dijo Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Anzola, quien hace 35 años falleció por cuenta de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio como acto de repulsión hacia el Estado, sin embargo, una serie de situaciones que vinculó al Ejército Nacional hicieron de ese miércoles, tres día de terror, incertidumbre y dolor que quedó plasmado en los familiares las doce personas que desaparecieron.

Fueron tres días en los que el país estuvo paralizado, pues la estructura guerrillera había dado su más grande golpe, pero este se convirtió hasta en un dolor de cabeza para ellos, cuando el Ejército determinó ingresar y con ello llevar el suceso a un holocausto.

En el lugar fueron desaparecidos Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Stella Lizarazo, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola, Irma Franco Carlos Horacio Urán, Emiro Sandoval Rosalba Romero, Nury Piñeres de Soto, Julio Cesar Andrade y Jorge Echeverri Jaime Benítez.

Aunque han pasado 35 años, sus familiares aún claman por la verdad, por lo que aseguraron que mantendrán vivas sus memorias y prueba de ello es luchar por encontrar la verdad de lo que pasó con cada uno.

Y si bien, las autoridades judiciales nacionales e internacionales han adelantado todo tipo de procedimientos para determinar qué ocurrió con las víctimas aún esa verdad no llega a los familiares, incluso, han tardado hasta 30 años en hacer la entrega de restos, pues en más de una ocasión las familias tuvieron los cadáveres equivocados.

Juan Francisco Lanao fue uno de ellos, pues hasta el año pasado le informaron que los restos de su mamá, una abogada independiente, se encontraban en la tumba de otra persona. Lanao quien vino a conocer a su progenitora hasta el 2019, porque para cuando falleció él no tenía más de dos años, hizo un fuerte llamado a las autoridades judiciales y al Estado, a que se esclarezca lo que ocurrió con su familiar.

“Es una verdad que aún nos la deben. Son 35 años de lucha sin respuesta. Lo que pasó fue un hecho, pero necesitamos la verdad para cicatrizar las heridas de esta guerra, por eso mi llamado es que se ponga como centro del conflicto armado a las víctimas”, argumentó el hombre, que hoy tiene un poco más de 34 años y creció sin la presencia de su mamá.

A la situación de Lanao se suma la de Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, y quien para la fecha de los hechos tenía 35 días de nacida, mismo número que este viernes se convirtió en años, en los que ha luchado por conseguir la verdad de lo que le ocurrió a su padre.

“Durante los primeros 15 años, la labor emprendida fue un clamor a oídos sordos por la desaparición forzada (...) sin embargo, los logros alcanzados hasta el momento es la lucha de los familiares de los desaparecidos la que permite que se hayan destapado todas las violaciones de derechos que fueron cometidas por parte de las fuerzas militares”, aseguró Rodríguez.

Samuel Horn Beltrán, nieto de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, se sumó a Rodríguez y Lanao, quien reprochó que han sido 35 años de no tener verdad y justicia. “Necesitamos tener certeza de lo que les pasó, qué les hicieron y en dónde están. Anhelamos tener respuesta 35 años después de tanta impunidad. Contra nuestros familiares se cometieron el peor de todos nuestros crímenes, la desaparecieron forzada”.

Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar, Carlos Horacio Urán, por su parte, tuvo la valentía de exponer que el ataque contra su progenitor y las otras once personas fue el “peor y mayor acto de barbarie cometido contra la administración de justicia en un país”. Urán aseguró que está convencida que su padre quien salió del Palacio de Justicia con vida fue retenido y torturado en el denominado holocausto.

Los familiares de las víctimas, con sus palabras, rindieron un homenaje a sus seres queridos, pero también dejaron ver el dolor que aún albergan en sus corazones al no tener conocimiento del paradero y de lo que ocurrió durante y después con cada uno de ellos.

El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén, quien presidió el homenaje aseguró que “cuando se arrasa con la justicia y con la vida se arrasa con el estado y la sociedad y no es posible tener un país viable y en paz”.

Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo, afirmó que las víctimas del holocausto no solo representan la memoria de las personas que allí fallecieron sino también el legado y los compromisos que se derivan de hechos que quedaron incrustados en la historia judicial de Colombia.

LAS INVESTIGACIONES

Luego de 35 años, sin muchas condenas, algunos procesos por la retoma del Palacio siguen su rumbo en la justicia ordinaria, incluso, hay casos que los han conocido en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por ejemplo, para la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que vincula al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, miembro de la Fuerza Pública para la época de los hechos, queda claro que se usó las armas en contra de los ciudadanos “con el desabrido pretexto de defender la democracia, sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948”.

Arias Cabrales se enfrentó a una pena de 35 años de prisión luego de que se conociera que estuvo de la operación con la que pretendían hacer la recuperación del Palacio.

Respecto del general (r) Iván Ramírez Quintero, oficial a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) para el momento de la toma del Palacio, fue señalado de haber participado en la tortura y desaparición de varias de las personas rescatadas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, el uniformado fue absuelto en 2011, decisión que fue impugnada por la Fiscalía y que todavía no tiene confirmación en segunda instancia.

El coronel también retirado Edilberto Sánchez Rubiano, fue condenado por el juzgado 52 de Bogotá a 40 años de prisión, luego de que la justicia lo encontrara responsable de la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, y de Bernardo Beltrán, mesero.

Al general (r) Rafael Hernández López, antiguo comandante de la Escuela de Artillería ha sido vinculado a las investigaciones por el homicidio del magistrado auxiliar Urán. Según ha trascendido y lo expuesto por su hija, el funcionario judicial habría sido uno de los rescatados del Palacio de Justicia que luego aparecieron sin vida en las ruinas de la edificación.

Respecto del general (r) Carlos Alberto Fracica Naranjo, quien para la época de los hechos ostentaba el grado de mayor y hacía parte de la Escuela de Artillería, al igual que el general Hernández López, es investigado por la muerte de Urán y las torturas en contra de los dos estudiantes de la Universidad Externado, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo.

El Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien por muchos años fue el rostro más visible en el proceso en contra de lo militares que participaron en la retoma del Palacio, llegó a estar cerca de ocho años en prisión. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la sentencia a 30 años de prisión por su supuesta participación en la desaparición de Carlos Rodríguez Vera e Irma Franco, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.