La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exgobernador de Santander Richard Alfonso Aguilar Villa, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El documento, radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, resalta que el exmandatario habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.
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Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento.
Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.
Uno de los casos que señaló la Fiscalía estaría relacionado con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que tuvo lugar en agosto de 2014, cuando se contrató el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de 82 municipios del departamento.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia también indicó que Aguilar es investigado por el refortalecimiento estructural del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en donde se habrían invertido más de 15.000 millones de pesos. Incluso también se investiga el contrato de interventoría y una adición que superó los 6.000 millones de pesos.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Relacionado con dicho contrato, la Fiscalía sostuvo que el exgobernador Richard Aguilar habría recibido coimas por 2.000 millones de pesos. Incluso el ente acusatorio sostiene que, posiblemente, hubo terceros que se habrían apropiado de 7.000 millones de pesos.
El contrato celebrado en septiembre de 2014, para el corredor vial San Gil-Charalá, también es investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga-Floridablanca, que tuvo lugar en ese mismo año.
El 28 de julio Richard Aguilar fue privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, quien lo investigaba por presuntos hechos de corrupción.
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