Durante su intervención en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado de atención sobre la creciente crisis migratoria que afecta a todas las fronteras de Colombia. Según sus declaraciones, se ha registrado un aumento del 99% en el número de migrantes en tránsito que ingresaron al país entre 2022 y 2023.
Uno de los puntos más críticos es el Tapón del Darién, donde en 2022 cruzaron hacia Panamá alrededor de 248,000 migrantes, mientras que en lo que va de 2023 esa cifra se ha elevado a cerca de 500,000 personas. La Procuradora destacó la participación de grupos armados ilegales en el tráfico de migrantes y la proliferación de agencias de viajes que están involucradas en este negocio ilegal.
Además, Cabello Blanco expresó su preocupación por los abusos y vejámenes a los que están siendo sometidos los migrantes, incluyendo abusos sexuales, esclavitud, trata de menores de edad y microtráfico. Estos problemas se han vuelto comunes en todas las fronteras del país. Lea aquí: La migración venezolana aumentó un 114% en Colombia
La procuradora criticó la falta de liderazgo, presencia, intervención y coordinación por parte del Gobierno Nacional para abordar esta crisis migratoria. A pesar de las recomendaciones de su equipo, que ha estado presente en los puntos neurálgicos de la problemática, no se ha visto una respuesta adecuada por parte del Gobierno.
En este contexto, la funcionaria anunció que está llevando a cabo una indagación previa contra el Canciller, el Vicecanciller y el director de Migración Colombia por su presunta responsabilidad en la desatención de esta crisis en las fronteras. Lea también: Onu reclama casi 1.500 millones de euros para ayudar a migrantes venezolanos
Cabello Blanco también mencionó casos específicos, como el de Ipiales, Nariño, donde proliferan los pasos ilegales controlados por traficantes, y los migrantes carecen de condiciones básicas de vida. Además, se refirió al fenómeno migratorio en Guainía, relacionado con la minería informal, y en Amazonas, Venezuela, donde se han registrado desplazamientos violentos de migrantes en condiciones deplorables.
La procuradora concluyó su intervención afirmando que la Procuraduría continuará investigando cada caso y buscando respuestas, especialmente en el caso de los 38 ciudadanos venezolanos desaparecidos en aguas de San Andrés, para garantizar la protección de los derechos de esta población vulnerable y responsabilizar a los servidores públicos que no cumplen con su deber.