La Procuraduría General notificó al Gobierno, mediante oficio 139-2024, la suspensión provisional del cargo por tres meses del canciller Álvaro Leyva, investigado por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes. Lea aquí: Suspendieron al canciller Leyva y le abrieron pliego de cargos
En el documento, firmado por la Sala Disciplinaria de Instrucción, se le pide al presidente Gustavo Petro que acate la orden proferida el pasado 24 de enero y de paso nombre el reemplazo de Leyva para no afectar el funcionamiento de la Cancillería.
“Se remitirá copia formal de esta decisión al señor Presidente de la República para que la acate y proceda a garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la Cancillería, procediendo al encargo o reemplazo del disciplinable”, dijo un aparte del documento. Le puede interesar: Los posibles reemplazos de Álvaro Leyva en la Cancillería, tras su suspensión
Los argumentos de la suspensión
Cabe recordar que esta decisión de suspensión contra el canciller se conoció el pasado 24 de enero, cuando el ente de control determinó llamarlo a juicio y suspenderlo de su cargo por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.
Según lo informó la Sala Disciplinaria de Instrucción, “el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”.
La primera consistió en declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
También profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Recalcó que la decisión se tomó “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.
Cabe resaltar que luego de las fallidas audiencias de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, la entidad afectada denunció al Estado por más de $117 mil millones por presuntos daños y perjuicios para declarar desierta la licitación de pasaportes.
Oficio en el que se notifica la suspensión de Leyva.
