Derecho a gozar de un medio ambiente sano, esa es la clave del Acuerdo de Escazú, un tratado firmado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. El primer gran acuerdo medioambiental para América Latina y el Caribe, y que actualmente está haciendo tránsito en el Congreso de Colombia.
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En 2020, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, explicó que este es un tratado internacional de alcance regional que busca garantizar los derechos humanos y de medio ambiente: el acceso a la información, la participación y la justicia medioambiental, que permitan implementar adecuadamente las políticas ambientales.
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Escazú promueve la participación de la ciudadanía en asuntos y cuestiones que afectan el medio ambiente, establece condiciones claras para acceder a información relacionada con el sector ambiental y busca garantizar que las personas puedan acceder a la justicia medioambiental cuando sus derechos sean vulnerados.
El Acuerdo es un sistema de estándares o de indicadores jurídicos que contribuyen a la implementación efectiva, diferencial e incluyente de la normatividad ambiental y fortalecen en ese sentido el derecho a un ambiente sano.
Escazú es el primer tratado que cuenta con estándares e indicadores para proteger a los líderes sociales defensores del medio ambiente, un punto clave para un país como Colombia, uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la defensa del ambiente.
En Colombia, el presidente Iván Duque había dado el primer paso, que fue presentar al Congreso el proyecto con un mensaje de urgencia el pasado mes de julio de 2020. El mandatario entregó el proyecto al legislativo y desde ahí ha tenido que pasar por diferentes debates.
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Y asume que también puede ser una oportunidad para fortalecer las normas, instituciones y sistemas de información relacionados con la democracia ambiental.
Algunos usuarios en redes sociales han comenzado a promover infografías en las que explican los beneficios que traería este acuerdo.